SAN SALVADOR (AP) — El Ministerio Público de El Salvador pidió el viernes a un tribunal que le imponga una pena de 16 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por presuntamente concertar una tregua con las pandillas para bajar la tasa de homicidios a cambio de beneficios para sus cabecillas recluidos en las cárceles.
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En tanto para su exministro de Seguridad general David Munguía Payes, procesado en el mismo caso, la Fiscalía solicitó una pena de 20 años de prisión.
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Funes, que vive en Nicaragua bajo la protección del gobierno del presidente Daniel Ortega que en 2019 le otorgó la nacionalidad para evitar su extradición, no está presente en el juicio. El exmandatario no nombró abogado defensor, por lo que le fue asignado uno de oficio.
Una reforma penal aprobada en septiembre de 2022 permite realizar juicios con imputados ausentes.
Funes (2009-2014) enfrenta cargos por los delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes y, de ser encontrado culpable, podría recibir una condena de hasta 16 años de prisión. A Munguía Payes, que enfrenta los mismos cargos, se le suma el delito de actos arbitrarios y podría recibir una condena de hasta 20 años.
Al final la audiencia de alegatos, el Tribunal Especializado de Sentencia de San Salvador anunció que el veredicto se conocerá el 9 de junio.
Desde Nicaragua, Funes -que dice ser un perseguido político- rechazó las acusaciones y preguntó en su cuenta de Twitter: “¿Con qué descaro la Fiscalía pide semejante condena cuando los delitos que nos imputan no fueron probados?”.
“Aparte de que no han comprobado nada de lo que nos imputan, piden una cantidad de años de cárcel que no guarda proporción con los delitos imputados”, agregó.
Funes afirmó que el juicio forma parte de un montaje de la derecha que “busca una condena a como dé lugar, aunque para ello tengan que violar el debido proceso y los derechos de los imputados”.
En los alegatos finales la Fiscalía afirmó que “con base a la prueba desfilada en el juicio se ha comprobado la existencia de los delitos que se le imputan a los procesados” y solicitó al tribunal que emita una condena.
Aseguró que ambos funcionarios omitieron y se excedieron en sus obligaciones y que violentaron el protocolo de seguridad. A su vez destacó que al menos tres testigos relataron durante el juicio las reuniones en las cárceles entre los cabecillas de las pandillas Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18, con conocimiento del expresidente Funes y del general Munguía Payés, lo que permitió el fortalecimiento de esos grupos criminales.
Por su parte Munguía Payes, que había mantenido el silencio durante el juicio, al abandonar el tribunal criticó al sistema judicial salvadoreño y afirmó que ninguno de los testigos presentados por la Fiscalía “pudo probar que yo di una orden de carácter ilegal”.
Agregó que “si hubo algunas irregularidades, que las personas que estuvieron involucradas se hagan responsables de eso, pero que no me echen a mi la culpa por procedimientos incorrectos o ilegales que hayan ejecutado otras personas”.
Munguía Payes no reveló los nombres de quienes considera responsables de los delitos que se le imputan.
Los testigos -entre ellos el obispo católico Fabio Colindres y el exministro de Seguridad y exdirector del Organismos de Inteligencia del Estado, Ricardo Perdomo- dijeron en el juicio que Funes y el general Munguía Payes estaban enterados de todos los pormenores de los acuerdos de la tregua.
El obispo explicó que la tregua inició en marzo de 2012 con una reunión en la cárcel de máxima seguridad conocida como Zacatraz donde estaban recluidos los cabecillas de las pandillas y que en el proceso pactaron no agredirse y bajar los índices de homicidios a cambio de beneficios para ellos.
Pidieron ser trasladados del penal de máxima seguridad a cárceles comunes, que se les permitieran las visitas íntimas y la posibilidad de tener celulares, entre otros beneficios.
Luego de esa reunión se realizó el traslado de los cabecillas a cárceles donde estaban recluidas “sus bases” para explicarles el acuerdo.
Las llamadas maras o pandillas tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
Este no es el primer caso de presuntas negociaciones de funcionarios salvadoreños con las pandillas. Investigaciones periodísticas y autoridades de Estados Unidos han acusado también al gobierno del actual presidente Nayib Bukele de tratar con esos grupos.
El periódico digital El Faro ha publicado sendos reportajes en los que documentó presuntas negociaciones de funcionarios de la administración de Bukele con las tres principales pandillas de El Salvador y una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra pandilleros de la Mara Salvatrucha, presentada en una corte federal de Nueva York, señaló a dos altos funcionarios de Bukele por haber negociado con la pandilla una reducción de los homicidios a cambio de supuestos beneficios entre los años 2019 y 2021.
Pero ni en El Salvador ni en Estados Unidos hay una acusación formal dirigida específicamente contra funcionarios del gobierno de Bukele.
Los homicidios se redujeron en El Salvador durante el gobierno de Funes pero las cifras repuntaron cuando la tregua se rompió en 2013 tras la remoción del Munguía Payés. Las nuevas autoridades retiraron los beneficios a los pandilleros presos.
