WASHINGTON (AP) — Poco después de que Rusia invadiera Ucrania, refugiados de la nación ocupada comenzaron a llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Aproximadamente 1.000 ucranianos por día volaron a Tijuana con visas de turista, desesperados por llegar a suelo estadounidense.
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El elevado volumen de recién llegados estaba abrumando al personal del cruce fronterizo más transitado del país en San Diego. En Tijuana, miles de ucranianos dormían en un gimnasio municipal con la esperanza de tener una oportunidad de cruzar a Estados Unidos.
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En respuesta, el gobierno del presidente Joe Biden anunció que admitiría a hasta 100.000 ucranianos durante dos años, a condición de que presentaran su solicitud en línea, tuvieran a alguien que los respaldara económicamente y llegaran por un aeropuerto. Al mismo tiempo, los funcionarios fronterizos rechazaban a los ucranianos que llegaban a pie a la frontera de Estados Unidos.
El gobierno demócrata ha considerado que esas políticas han resultado tan efectivas que un modelo similar se ha convertido en la parte central de una política fronteriza más amplia que se implementará a partir del jueves, en un momento en que llega a su fin el llamado Título 42, una restricción que entró en vigor debido a la pandemia de COVID-19 y que permitía que las autoridades estadounidenses rechazaran rápidamente a los migrantes que cruzaban ilegalmente y solicitaban asilo.
Sin duda los resultados serán una prueba para Biden, que aspira a la reelección, en un momento en que la frontera vuelve a estar en el centro de la atención política y los republicanos intentan hacerlo ver como un mandatario blando en temas de seguridad.
“Nuestro modelo es construir vías lícitas y luego imponer las consecuencias que establece la ley a quienes no utilizan esas vías lícitas”, dijo a los periodistas Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, el mes pasado.
Es un cambio que se aleja de las políticas migratorias más abiertas que caracterizaron el primer año de Biden en la presidencia, en favor de un enfoque que combina una vigilancia policial reforzada con vías legales ampliadas y diplomacia.
La izquierda ha criticado las políticas, diciendo que se parecen demasiado a las del expresidente Donald Trump. Otros se preguntan si cualquier cosa que haga Biden logrará detener el flujo de migrantes a lo largo de la frontera sur, y si las nuevas políticas podrán sobrevivir a las impugnaciones jurídicas que se prevé sean interpuestas y a la falta de recursos.
Pero algunos expertos en migración creen que podría ser un enfoque equilibrado que resulte en menos cruces ilegales y al mismo tiempo proporcione un refugio para quienes huyen de persecuciones.
“Creo que tienen una oportunidad de luchar, con el tiempo, para convertir esto en un sistema real que sea a la vez más justo y más controlable”, dijo Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria, un grupo apartidista de investigación sobre el tema migratorio.
Este reportaje se basa en parte en entrevistas con más de una docena de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores, los cuales hablaron con The Associated Press a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre deliberaciones internas.
En su primer mes en el cargo, Biden firmó una serie de acciones ejecutivas con el fin de anular las políticas de la era de Trump. Respaldó una ley para proporcionarle a millones de personas que se encuentran ilegalmente en el país una vía que les permita naturalizarse. Llenó su gobierno con defensores de los inmigrantes ansiosos por contrarrestar las que consideraban políticas antimigratorias de Trump.
Pero las alarmas sonaron casi de inmediato cuando cerca de 19.000 niños que viajaban solos fueron detenidos en la frontera en marzo de 2021. Altos funcionarios se reunieron dos veces por semana para elaborar estrategias y trasladar a los menores desde las sobrepobladas instalaciones de la Patrulla Fronteriza a refugios de emergencia, incluidos centros de convenciones en California y bases militares en Texas.
Si bien el número de niños que viajaban solos disminuyó, un “tablero diario” monitoreado por altos funcionarios mostraba que las llegadas en general seguían aumentando, especialmente las de familias.
La mayoría de las personas que arriban a la frontera estadounidense ilegalmente huyen de la persecución o la pobreza en sus países de origen. Piden asilo y, en general, se les ha permitido ingresar a Estados Unidos para que aguarden a que se emita una resolución sobre sus casos. Ese proceso —que puede llevar años, ya que el sistema judicial de inmigración está sumamente saturado— ha provocado que un número cada vez mayor llegue a la frontera con la esperanza de entrar al país.
Aunque muchos piden asilo, la vía legal para obtenerlo es estrecha y la mayoría no cumplen con los requisitos.
Para cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, muchos funcionarios con vínculos estrechos a grupos de defensa de los migrantes habían salido del gobierno, algunos de ellos exasperados porque sus puntos de vista no prosperaban y sentían que Biden no estaba tan enfocado en la situación en la frontera entre Estados Unidos y México como lo estaba en otros temas. Debido a esas salidas, quedaron a cargo funcionarios con puntos de vista más centristas.
A Mayorkas y a otros les preocupaba que los ucranianos pudieran estar en peligro en sus viajes, y su ruta tortuosa hacia Estados Unidos estaba agotando aún más los recursos para la frontera. Eso condujo a la política “Unidos por Ucrania”, bajo la cual se ha permitido que 128.000 personas ingresen a territorio estadounidense, y se ha aprobado el arribo de miles más. Y la llegada de ucranianos a pie prácticamente se acabó.
“Lo implementamos a una velocidad increíble y demostró ser un éxito”, dijo Mayorkas.
El gobierno centró su atención en otras personas que llegan ilegalmente a la frontera y que no podían ser devueltas fácilmente a sus países de origen. Los venezolanos se habían convertido en la segunda nacionalidad más numerosa en arribar a la frontera después de los mexicanos, y en octubre de 2022 pasaron a ser el segundo grupo al que se le aplicaría la política. Si cruzaban ilegalmente a pie, 24.000 serían devueltos a México a través de la frontera. Si llegaban por aire, con patrocinadores, Estados Unidos recibiría a 24.000.
Mientras tanto, el arribo de cubanos y nicaragüenses había provocado que en diciembre los cruces ilegales se elevaran a sus niveles más altos registrados, y la cadena Fox News transmitía reportes en vivo de cientos de migrantes que aguardaban, con un letrero en pantalla que rezaba: “La crisis fronteriza de Biden”.
Los estados gobernados por republicanos habían demandado para mantener vigentes las restricciones por la pandemia de COVID-19. Y los funcionarios del gobierno de Biden aguardaban para ver si el Congreso aprobaba un proyecto de ley bipartidista sobre inmigración. No lo fue.
Así que, en enero, Biden anunció que la política se ampliaría nuevamente a personas de Cuba, Haití y Nicaragua, y aumentó la cantidad de personas: se permitiría el ingreso de 30.000 de cada una de las cuatro nacionalidades, siempre y cuando llegaran en avión, aprobaran las revisiones de antecedentes y tuvieran patrocinadores. México acordó recibir la misma cantidad de esos cuatro países que cruzan la frontera ilegalmente.
“No podemos impedir que las personas hagan el viaje, pero podemos exigirles que vengan aquí de manera ordenada bajo la ley de Estados Unidos”, dijo Biden al anunciar la política.
Pronto, el gobierno reportó que los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos sólo constituían el 3% de los cruces ilegales en marzo, frente al 40% en diciembre.
Estados Unidos ha declarado que la emergencia por COVID-19 ha terminado, y con el fin de la aplicación del Título 42 esta semana concluirán las restricciones que han permitido a los funcionarios estadounidenses rechazar a migrantes más de 2,8 millones de veces desde marzo de 2020.
El gobierno de Biden ha reforzado su política central con otras medidas destinadas a fortalecer la seguridad en la frontera y abrir otras vías para los migrantes.
La semana pasada, el gobierno dijo que admitiría a 100.000 personas de Guatemala, Honduras y El Salvador que vinieran a reunirse con sus familias en Estados Unidos. Nuevos centros para el manejo de inmigrantes en Guatemala, Colombia y tal vez en otros lugares se encargarán de tramitar las solicitudes para ingresar a territorio estadounidense.
Pero los funcionarios fronterizos también están acelerando el proceso por el que pasan los solicitantes de asilo, con el fin de expulsar más rápidamente a quienes no cumplan con los requisitos. Y están por concretar una nueva regla —similar a una política de Trump que fue bloqueada en la corte— para hacer que obtener asilo sea extremadamente difícil para cualquiera que llegue a la frontera de Estados Unidos a través de otro país, como México.
Mientras tanto, el número de venezolanos que cruzan la frontera ilegalmente está creciendo nuevamente. Funcionarios del gobierno aguardan para ver si se trata de una situación temporal relacionada con el fin de las restricciones por el COVID-19.
Mayorkas reconoció los temores por el incremento en esos arribos durante una gira por el Rio Grande Valley, en Texas, la semana pasada. Al final, subrayó, nada sustituye a la acción del Congreso.
“Tenemos un plan; estamos ejecutando ese plan”, dijo Mayorkas. “Sin embargo, básicamente estamos trabajando con un sistema migratorio disfuncional que desde hace décadas requiere una reforma urgente”.
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Spagat informó desde San Diego.
