CARACAS (AP) — La Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, rechazó el martes la decisión de Washington de no bloquear la subasta de las acciones de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera venezolana. La operación es parte de una compensación de 1.400 millones de dólares por las pérdidas ocasionadas a la firma minera canadiense Crystallex tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país.
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El acuerdo aprobado en el Hemiciclo advierte que “cualquier transición en la licencia 42 del Departamento del Tesoro es nula e ilegal y no será reconocido por el Estado venezolano” ni por su Poder Legislativo.
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El Departamento del Tesoro estadounidense todavía debe emitir una licencia para concretar cualquier venta. Desde 2021, Washington había extendido anualmente una medida de protección que impidió a los acreedores de Venezuela vender las refinerías de Citgo en Estados Unidos para que se les honren las deudas.
Con este giro en la decisión de Estados Unidos, se permitirá que los reclamos de los acreedores se diriman mediante negociación o a través de la subasta de activos de Citgo. Según el gobierno venezolano, la maniobra fue comunicada a un tribunal federal de Delaware por el Departamento de Justicia.
Citgo es filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A., (PDVSA) desde la década de 1980. La componen tres refinerías en Luisiana, Texas e Illinois, además de una red de oleoductos que cruzan 23 estados. Aporta entre el 5 y el 10% de la gasolina que se consume en territorio estadounidense.
Maduro ofreció a Citgo como garantía en 2016 en un canje de deuda.
Un juez de la Corte del Distrito de Delaware emitió el 14 de enero de 2021 un fallo a favor de Crystallex en el que autoriza la venta de las acciones de la filial venezolana y contempla la designación de un encargado de supervisar la operación de traspaso de propiedad de esos títulos, al margen de cualquier control por parte de los funcionarios venezolanos y de PDVSA.
El ahora fallecido presidente venezolano Hugo Chávez retiró las concesiones de oro y se hizo cargo de las operaciones de Crystallex y de muchas otras compañías internacionales, acusando a las mineras de dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores.
A comienzos de 2009, Chávez anunció la toma por parte del gobierno venezolano de las operaciones de firmas canadienses en el estado Bolívar, una región rica en minerales con uno de los yacimientos de oro más grandes del continente.
El juez de Delaware desconoció las mociones presentadas por Citgo Petroleum y su matriz, PDV Holding (PDVH), para bloquear el embargo.
Crystallex pasó varios años tratando de negociar un acuerdo con Venezuela, antes de presentar su caso ante un panel de arbitraje del Banco Mundial, que se puso del lado de la firma canadiense. El gobierno de Maduro, sin éxito, apeló vehementemente esas y otras acciones judiciales.
La lista de acreedores es amplia. Venezuela adeuda también decenas de miles de dólares en bonos que ha dejado de pagar por años.
Los tenedores de bonos quieren vender Citgo para cobrar lo adeudado después de que Venezuela incumpliera los pagos.
El gobierno de Maduro repetidamente ha acusado a Washington y a la Plataforma Unitaria, como se denomina a un sector de la oposición venezolana, por el “robo” de Citgo.
La administración venezolana perdió el control de Citgo luego que el gobierno de Donald Trump reconociera al entonces presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Juan Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela en 2019, tras la reelección de Maduro en unos comicios considerados como fraudulentos por Estados Unidos y otros países.
El apoyo internacional a Guaidó, una de sus principales fortalezas para encarar a Maduro, disminuyó significativamente con el paso de los años e incluso sus antiguos aliados en diciembre pasado dieron por terminada la figura de gobierno interino. En su lugar, designaron a una comisión especial al frente del gobierno paralelo que él lideraba y ahora estos tienen el control de Citgo.
