CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un juez guatemalteco ordenó el miércoles la detención de Gustavo Meoño, un activista de derechos humanos y exguerrillero, que dirigió por varios años un archivo histórico de la policía guatemalteca, que documentó miles de violaciones a los derechos humanos. La Fiscalía le acusa de haber participado en la colocación de una bomba en la plaza central de la capital que, al detonar, dejó varios muertos y heridos en 1980.
El Ministerio Público confirmó la decisión del juez y dijo que Meoño tenía programada una audiencia de primera declaración pero que no se presentó y no justificó su ausencia. La Fiscalía de casos especiales de conflicto armado interno solicitó procesarlo en rebeldía y emitir una orden de aprehensión que fue aceptada por el juez a cargo de la causa.
Según la tesis del fiscal, la acusación se remonta a un hecho ocurrido el 5 de septiembre de 1980, en el Parque Central de la capital guatemalteca, donde ocurrió "la explosión de bomba en un medio de transporte". La Fiscalía lo persigue por los delitos de asesinato y contra los deberes de humanidad.
Tras 43 años después, nadie había sido acusado por estos actos. Según la Fiscalía, la denuncia fue presentada en 2017. Los casos que Guatemala ha llevado a tribunales en temas de justicia transicional han sido a petición de las víctimas. El país centroamericano vivió dictaduras y gobiernos militares hasta 1985, a partir de entonces hubo elecciones libres con civiles electos presidentes.
Meoño Brenner fue jefe del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), supuestamente a cargo de una célula guerrillera que colocó el artefacto explosivo. El EGP fue una de las cuatro organizaciones guerrilleras que durante 36 años (1960-1996) mantuvieron una guerra contra el ejército de Guatemala y que en 1996 firmó la paz.
Además, el exguerrillero fue durante varios años director del Archivo Histórico de la Policía Nacional localizado en 2005, que recopiló información de lo que hacía ese cuerpo de seguridad desde 1881 hasta 1997. El archivo contiene más de 80 millones de folios que documentaron no solo el trabajo de la policía, sino miles de violaciones a los derechos humanos que habrían cometido agentes policiales durante la guerra en Guatemala.
En 2019, el archivo fue adscrito por ley al Archivo General de Centroamérica del Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de Guatemala y cambió su nombre a Fondo Documental del Antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional.
La guerra en Guatemala se saldó con unos 200.000 mil muertos y más de 45.000 personas desaparecidas, según un informe de la memoria histórica financiado por Naciones Unidas.