CLEVELAND, Texas, EE.UU. (AP) — El hombre armado que mató a tiros a cinco vecinos hondureños en Texas seguía prófugo el lunes, y mientras la búsqueda se prolongaba por tercer día con falsas alarmas y pocas pistas, el gobernador republicano Greg Abbott enfrentaba una avalancha de críticas por llamar la atención sobre el estatus migratorio de las víctimas.
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Un agente del FBI en el lugar de los hechos en la localidad rural de Cleveland, cerca de Houston, reconoció que tienen pocas pistas en la búsqueda de Francisco Oropeza, de 38 años de edad, quien ha sido deportado cuatro veces desde 2009 y que los vecinos dicen que vivió en su calle durante años antes del tiroteo del viernes por la noche.
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El departamento de policía de un condado vecino advirtió en dos ocasiones a los residentes sobre posibles avistamientos el lunes, pero en ninguna de las dos instancias se trató de Oropeza.
Abbott ofreció una recompensa de 50.000 dólares el fin de semana por cualquier información que condujera a Oropeza, y al hacerlo, el gobernador describió a todas las víctimas como “inmigrantes ilegales”, una declaración posiblemente falsa de la que su oficina se retractó y pidió disculpas el lunes. Los críticos acusaron a Abbott —que ha hecho de la inmigración un tema emblemático en Texas— de politizar la matanza.
“Desde entonces hemos recibido información de que por lo menos una de las víctimas habría estado en Estados Unidos de manera legal”, dijo la portavoz de Abbott, Renae Eze, en un comunicado. “Lamentamos si la información fue incorrecta y restó valor al importante objetivo de encontrar y detener al delincuente".
Eze dijo que información proporcionada por agentes federales luego del tiroteo había indicado que el sospechoso y las víctimas se encontraban en el país de manera ilegal. Su comunicado no abordó la razón por la que Abbott mencionó su estatus en su declaración original y la portavoz no respondió de momento a preguntas sobre las críticas.
Más de 250 agentes de distintos departamentos de policía, incluido el Servicio de Alguaciles Federales, participan ahora en una búsqueda cada vez más intensa que ha resultado infructuosa a pesar de contar con más personal, perros rastreadores y recompensas por un total de 80.000 dólares. El lunes, había una fuerte presencia policial en el condado Montgomery tras un posible avistamiento del sospechoso, pero la policía informó más tarde que ninguna de las personas resultó ser Oropeza.
Unas horas después, el Departamento de Policía reportó otro posible avistamiento, tuiteando que varias escuelas habían "protegido sus campus" y nuevamente pidió a los residentes permanecer lejos de la zona. Pero esa búsqueda tampoco arrojó resultados.
Ambas instancias fueron algunas de las primeras veces desde el tiroteo del viernes que las autoridades habían anunciado un posible avistamiento de Oropeza.
“Ahora mismo les puedo decir que no tenemos ninguna pista”, comentó el domingo James Smith, agente especial del FBI que está a cargo de la búsqueda.
Oropeza es considerado armado y peligroso después de huir de la zona el viernes por la noche, probablemente a pie. El jefe policial del condado de San Jacinto, Greg Capers, dijo que las autoridades habían ampliado la zona de búsqueda más allá de la escena del tiroteo, que se produjo después de que los vecinos del sospechoso le pidieran que dejara de disparar en su patio a altas horas de la noche porque un bebé estaba tratando de dormir.
En una vigilia realizada el domingo en Cleveland, Wilson García, padre del bebé de un mes, describió los aterradores esfuerzos que realizaron esa noche en su casa amigos y familiares para escapar, esconderse y protegerse a sí mismos y a sus hijos después de que Oropeza se acercara a la vivienda y comenzara a disparar, matando primero a su esposa en la puerta principal.
La policía recuperó el fusil AR-15 que Oropeza utilizó en los disparos. Las autoridades no estaban seguras de si Oropeza llevaba otra arma después de que se encontraran otras en su casa.
El presunto agresor es un ciudadano mexicano que ha sido deportado de Estados Unidos en cuatro ocasiones, de acuerdo con un funcionario estadounidense con conocimiento directo del caso que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a divulgar información públicamente.
El funcionario dijo que el agresor fue deportado por primera vez en marzo de 2009 y por última ocasión en julio de 2016. También fue deportado en septiembre de 2009 y en enero de 2012.
Los agentes en el lugar de los hechos no han confirmado el estatus migratorio de las víctimas. Al describir a las víctimas como “inmigrantes ilegales” el domingo en su primera declaración pública sobre el tiroteo, y quizás hacerlo de manera incorrecta, Abbott fue objeto de críticas de defensores de derechos de migrantes y de los demócratas.
"Es indefendible para cualquier texano de buen corazón utilizar un lenguaje divisivo para difamar a víctimas inocentes”, dijo Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos.
Las víctimas fueron identificadas como: Diana Velázquez Alvarado, de 21 años; Julisa Molina Rivera, de 31 años; José Jonathan Casarez, de 18 años; Sonia Argentina Guzmán, de 25 años, y Daniel Enrique Laso, de 9 años.
Capers, el jefe policial de San Jacinto, dijo que esperaba que las recompensas motivaran a la gente a proporcionar información y que había planes para colocar vallas publicitarias en español para difundir el mensaje.
Verónica Pineda, de 34 años, quien vive al otro lado de la calle de la casa del sospechoso, dijo que las autoridades habían visitado su casa el fin de semana para preguntarle si podían revisar su propiedad para ver si el agresor estaba escondido allí. Comentó que tenía miedo porque el agresor todavía no ha sido detenido.
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Los periodistas de The Associated Press Elliot Spagat en San Diego y Jake Bleiberg en Dallas contribuyeron a este despacho.
