DENVER (AP) — El gobernador de Colorado, Jared Polis, promulgó el viernes cuatro proyectos de ley de control de armas de fuego, siguiendo el ejemplo de otros estados que luchan por hacer frente a un aumento nacional de delitos violentos y los tiroteos masivos, a pesar de un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que amplió los derechos de la Segunda Enmienda.
PUBLICIDAD
Antes que se secara la tinta de la firma del gobernador, grupos defensores de los derechos de las armas interpusieron una demanda para revertir dos de las medidas: La que eleva de 18 a 21 años la edad para comprar cualquier arma de fuego y otra que establece un periodo de espera de tres días entre la compra y la entrega de un arma. Los tribunales de antemano sopesan demandas por este tipo de restricciones en otros estados.
PUBLICIDAD
Las nuevas leyes, aprobadas por los demócratas a pesar de los filibusteros republicanos, pretenden frenar el aumento de los suicidios y la violencia juvenil, prevenir los tiroteos masivos y abrir vías para que las víctimas de la violencia armada demanden a la industria de las armas de fuego, protegida durante mucho tiempo. Se promulgaron pocos meses después de un tiroteo masivo en un club LGBTQ de Colorado Springs.
“Los ciudadanos de Colorado merecen estar seguros en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, en nuestras tiendas de comestibles, en nuestros clubes nocturnos”, dijo Polis al promulgar las medidas en su oficina acompañado por activistas que llevaban camisetas rojas con la leyenda “Moms Demand Action” (Las madres exigen acciones), estudiantes de una escuela secundaria de Denver recientemente afectada por un tiroteo, y los padres de una mujer asesinada en el tiroteo del teatro Aurora en 2012.
Tanto los legisladores como los ciudadanos mostraron su apoyo con lágrimas en los ojos y aplaudieron a rabiar cuando Polis firmó cada uno de los proyectos de ley. Colorado tiene una historia de notorios tiroteos masivos, que se remonta a la masacre de la escuela secundaria Columbine en 1999.
Los republicanos denunciaron los proyectos de ley como invasiones onerosas de los derechos de la Segunda Enmienda que impedirían la capacidad de los residentes de Colorado para defenderse en medio de una creciente tasa de criminalidad en todo el estado. Los defensores de los derechos de las armas se comprometieron a revertir las medidas.
