CARACAS (AP) — La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves la ley de Extinción de Dominio que permite la incautación y el decomiso de bienes adquiridos mediante actos ilícitos. La norma da atribuciones a los organismos de seguridad y justicia venezolanos para asegurar esos activos desde el inicio del proceso de investigación penal.
PUBLICIDAD
Los legisladores aprobaron por unanimidad el instrumento legal que presentó la bancada oficialista una semana después que se ordenara la detención de casi un centenar de funcionarios y empresarios vinculados a delitos de corrupción en empresas del Estado venezolano, entre ellas, en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
PUBLICIDAD
“Este es un tema que no tiene nada que ver con la condena penal de la persona, sino con el tema de los bienes”, dijo a la prensa el diputado Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso de Venezuela, después del presidente Nicolás Maduro y vicepresidente del PSUV, el partido de gobierno.
La ley entrará en vigencia luego que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, atienda la solicitud de darle carácter orgánico y la remita a Maduro para su promulgación. Se espera que esos trámites avancen sin tropiezos.
La norma tiene por propósito establecer los mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes relacionados o derivados de actividades ilícitas y la extinción de los derechos relativos al dominio de estos a favor de la República, sin contraprestación ni compensación alguna para las personas que son despojadas de los mismos.
La acción de tipo civil es contra los bienes y no contra las personas, separada de la acción penal, insistió Cabello. Eso significa que esta ley permite que el Estado incaute esas posesiones sin que el procesado haya sido aún condenado por los actos ilícitos con los que obtuvo los bienes.
“El derecho a la defensa no se le va a negar a nadie", indicó Cabello, destacando que en las últimas semanas los investigadores han detectado la adquisición ilícita de más de 10.000 bienes como casas, edificios, empresas, flotas de vehículos, entre otros.
Hay voces que temen que la ley sea utilizada con fines distintos a aquellos para los que fue concebida.
La ONG Acceso a la Justicia, en un comunicado, expresó recientemente su temor a que la iniciativa “busque no solo crear mecanismos que le permitan al gobierno apropiarse de bienes relacionados a actos ilícitos, sino también facilitarle una herramienta política para atacar, perseguir y amenazar a cualquiera persona en Venezuela con apropiarse de sus bienes, sean obtenidos de forma lícita o no”.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch repetidamente han denunciado la falta de independencia judicial en Venezuela.
La trama de corrupción expuesta el mes pasado esta focalizada inicialmente en PDVSA, pero se ha extendido a otras empresas estatales, todas ellas relacionadas con la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
El fiscal general, Tarek William Saab, ha dicho que en relación con la trama de corrupción hasta ahora se ha concretado la detención de 61 personas y restan por ejecutar otras 20 órdenes de captura.
Según la Fiscalía, en esa institución se detectó una red de funcionarios que, valiéndose de sus cargos y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones comerciales paralelas a las de la estatal petrolera, de Cartones de Venezuela y de la Corporación Venezolana de Guayana. Esta última, está a cargo de administrar un conjunto de empresas siderúrgicas y los recursos mineros de hierro, bauxita, oro y diamantes, entre otros.
Al menos 13 de los altos funcionarios detenidos eran cercanos colaboradores del otrora poderoso ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien renunció al cargo, argumentando que tomó esa decisión para “acompañar y respaldar totalmente” las investigaciones. Desde entonces, se desconoce el paradero del exministro.
