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MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
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El Gobierno remitirá a Bruselas esta próxima semana el Programa de Estabilidad 2023-2026 que incluirá el escenario fiscal a medio plazo y la actualización del cuadro macroeconómico, en un contexto de elevada incertidumbre internacional ante el impacto de la guerra en Ucrania y las recientes turbulencias financieras.
El Programa de Estabilidad debe ser remitido a Bruselas antes del domingo 30 de abril, por lo que el Ejecutivo deberá tener listo esta próxima semana tanto el plan como las nuevas previsiones macroeconómicas.
Este tipo de programas se remiten al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea junto con el programa nacional de reformas de España, para el que el Gobierno ya ha reunido a la mesa de diálogo social.
La remisión se efectúa en cumplimiento de obligaciones europeas: cada año, en el mes de abril, todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que presentar ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas (PNR) y sus Programas de Estabilidad. El objetivo es coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la Unión Europea en su conjunto.
Con el Programa de Estabilidad, la Comisión y los ministros de economía evalúan si los Estados miembros van por buen camino para alcanzar los objetivos presupuestarios a medio plazo, y para ello se basan en dos elementos: el análisis del saldo estructural y el valor de referencia del gasto.
En un año marcado por las elecciones municipales, autonómicas y generales, España deberá presentar su Programa de Estabilidad, si bien no habrá Presupuestos Generales del Estado para 2024 debido a la proximidad de los últimos comicios nacionales a finales de año, según ya ha confirmado la propia ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, por lo que se prorrogarán las cuentas de 2023, aunque será necesario introducir algunas actualizaciones.
REVISIONES AL ALZA DEL PIB DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Pese al complejo contexto internacional, todos los organismos nacionales e internacionales han revisado al alza sus previsiones de crecimiento para España de cara a 2023 y han rebajado las estimaciones para la inflación. Ello tras un 2022 que sorprendió positivamente con un crecimiento del 5,5%, por encima de las estimaciones.
En el territorio nacional, el Banco de España elevó su previsión de crecimiento de la economía española en 2023 al 1,6%, al tiempo que rebajó sus estimaciones para inflación media al 3,7% este año. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, mantuvo en el 1,6% sus estimaciones para el PIB en 2023 y recortó al 4% la inflación.
A nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó recientemente en cuatro décimas sus estimaciones y las perspectivas de crecimiento para España (1,5%) las situó por encima del resto de grandes economías del euro.
LA ÚLTIMA PREVISIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PIB EN 2023 ES 2,1%
Sin embargo y a pesar de estas revisiones al alza, todos los organismos nacionales e internacionales tienen una previsión de crecimiento para este año más pesimista que la del Gobierno, que se mantiene en el 2,1%.
El Ejecutivo ha preferido no realizar constantes revisiones sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y de otros parámetros macroeconómicos y ha decidido ceñirse a lo establecido. Y es que sólo debe lanzar previsiones dos veces al año, en abril para hacer el Plan de Estabilidad que remiten a Bruselas y en otoño, para acompañar al plan presupuestario.
Por ello, aún se mantienen las previsiones de octubre del año pasado realizadas para la actualización del cuadro macroeconómico que acompañó a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, que estimaban un crecimiento para el PIB del 2,1% este año o que el deflactor del PIB se situase en el 3,8%.
En cuanto a las estimaciones sobre la tasa de paro, el Ejecutivo previó en octubre que se irá reduciendo hasta una media del 12,2% en 2023. Sobre el déficit, el Ejecutivo recogía en el plan presupuestario que bajaría al 3,9% en 2023 y la deuda se situará en el 112,4% del PIB.
DEBATE SOBRE LAS REACTIVACIÓN DE LAS REGLAS FISCALES EUROPEAS
Cabe recordar que la Comisión Europea prevé eliminar las suspensiones de las reglas fiscales que se establecieron para hacer frente a la pandemia de Covid-19 a finales de 2023 para establecer un periodo de transición previo a la aprobación del nuevo marco, que tendrá sendas adaptadas a cada Estado miembro, a los que volverá a exigir que el déficit máximo no supere el 3% para 2026.
Para ello, se tendrán en cuenta los datos al cierre del actual ejercicio, mientras que 2024 será el año de transición en el que se irán ajustando las reglas fiscales hasta que se apruebe la nueva normativa fiscal, que Bruselas no prevé aplicar antes de 2026.
Bruselas ha invitado a los Estados miembro a presentar, antes de finales de abril, sus programas de Estabilidad y Convergencia, acorde a los criterios de ajuste fiscal propuestos por la Comisión. Entre ellos, se exigirá que los países respeten el valor de referencia del 3% del PIB para el déficit y garanticen una senda de reducción "creíble y continua" de la deuda, o de mantenimiento de la misma en niveles prudentes a medio plazo.
Además, deberán identificar cómo las reformas e inversiones previstas, incluso dentro de los Planes de Recuperación y Resiliencia, pueden contribuir a la sostenibilidad fiscal y al crecimiento sostenible e integrador.
PREPARAN LA SOLICITUD DEL NUEVOS FONDOS EUROPEOS Y LA ADENDA
En relación al Plan de Recuperación, España ya ha recibido el tercer tramo de estos fondos europeos, dotado con 6.000 millones de euros, tras dar por cumplidos los hitos y reformas requeridos y recibir el visto bueno de los Veintisiete.
Estos 6.000 millones se suman así a los 31.036 millones de euros ya recibidos, incluidos el adelanto de 9.036 millones y los 22.000 millones de los dos primeros tramos de este mecanismo creado para ayudar a los Estados miembro a recuperarse de la pandemia de Covid-19 y que prevé para España un montante total de más de 77.000 millones de euros.
El Gobierno trabaja ya en la solicitud del cuarto pago, que ascenderá a 10.000 millones de euros, al culminar la reforma de las pensiones que era uno de los hitos más señalados. Además, España ya ha solicitado los 84.000 millones de euros de préstamos que le corresponden al país de estos recursos.
A finales de año, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño expuso un primer borrador de la adenda para el despliegue de los préstamos, en la que el Ejecutivo sigue trabajando con el fin de presentar su versión definitiva y formal a Bruselas en las próximas semanas.
