CARACAS (AP) — El fiscal general de Venezuela anunció el jueves que se suicidó unos de los 61 detenidos por una investigación por delitos de corrupción en empresas del Estado venezolano, entre ellas la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), con funcionarios y empresarios vinculados.
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El fiscal Tarek William Saab indicó en su cuenta de Twitter que designó a dos fiscales nacionales para investigar “el lamentable suicidio de Leoner Azuaje Urrea en su lugar de reclusión”.
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Azuaje Urrea, un ingeniero mecánico de 39 años, se desempeñó como presidente de la estatal Cartones de Venezuela y figuraba entre los tres nuevos funcionarios presentados ante un tribunal especial anticorrupción en la madrugada del miércoles.
Saab, sin dar otros detalles, comentó que también instruyó a la unidad criminalística del Ministerio Público, junto a un cuerpo nacional de detectives, que se adelantara la inspección técnica del lugar de detención, las entrevistas y autopsia previstos en la ley.
El anuncio de Saab sugiere, al menos en principio, que se descarta un delito en la muerte de Azuaje Urrea, que estaba acusado de corrupción.
La investigación, focalizada inicialmente en PDVSA, se ha extendido a otras empresas estatales.
Todas ellas están relacionadas con la superintendencia nacional de criptoactivos, donde la Fiscalía habría logrado detectar una red de funcionarios que, valiéndose de sus cargos y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones comerciales paralelas en la estatal petrolera, en Cartones de Venezuela y en la Corporación Venezolana de Guayana. Esta última está a cargo de administrar un conjunto de empresas siderúrgicas y los recursos mineros de hierro, bauxita, oro y diamantes, entre otros.
Al menos 13 de los altos funcionarios detenidos eran cercanos colaboradores del otrora poderoso ministro de Petróleo, Tareck El Aiisami, quien renunció al cargo, argumentando que tomó esa decisión para “acompañar y respaldar totalmente” las investigaciones. Desde entonces se desconoce el paradero del ministro.
El fiscal general ha dicho que hasta ahora se ha concretado la detención de 61 personas y restan por ejecutar otras 20 órdenes de captura.