BOGOTÁ (AP) — El primer trimestre de 2023 fue menos letal para los líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia que durante los últimos años han sido blanco de grupos armados ilegales, señaló un informe divulgado el jueves por la estatal Defensoría del Pueblo.
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Entre enero y marzo de este año se registraron 35 homicidios, lo que representa una reducción en comparación con el mismo periodo del año pasado en el que la Defensoría documentó 59 asesinatos.
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“La disminución en el número de casos no es para celebrar, sino por el contrario, para que la institucionalidad del Estado siga trabajando en la búsqueda de mecanismos que permitan acabar con este tipo de crímenes”, advirtió la Defensoría en un comunicado.
La Defensoría del Pueblo instó a los grupos armados ilegales a que como “gestos de paz” cesen las hostilidades contra la población civil, en especial contra los líderes y defensores de los derechos humanos.
En ese sentido, la Defensoría hizo un llamado al gobierno a que priorice la seguridad de los defensores de los derechos humanos en el marco de las conversaciones que adelanta con varios grupos armados ilegales.
Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, indicó a The Associated Press que en su monitoreo no han visto una reducción de la violencia sino una reconfiguración de la misma debido a que se redujeron las formas más visibles como los homicidios, pero continúa el control social por medio de restricciones de movimiento y panfletos amenazantes contra los líderes sociales.
Dickinson consideró que esta reconfiguración se produjo tras la oferta de diálogo que hizo el gobierno a los grupos ilegales en la que pidió como gesto de buena voluntad no matar, desaparecer ni torturar civiles.
“Tenemos mejoramientos de la situación de asesinatos pero en ciertas zonas como el Catatumbo (fronterizo con Venezuela). Pero hay otras como Nariño, el sur de Córdoba y Bajo Cauca donde realmente la violencia ha incrementado”, aseguró la analista.
De acuerdo con el reporte de la Defensoría, en el primer trimestre del año las zonas más afectadas fueron Nariño, fronterizo con Ecuador, donde se reportaron seis homicidios de líderes, y Cauca y Valle del Cauca, al suroccidente del país, con cinco y tres casos, respectivamente.
Actualmente el gobierno del presidente Gustavo Petro, el primero de tendencia izquierdista en la historia del país, mantiene diálogos de paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y planea iniciar otro proceso con el Estado Mayor Central, una agrupación armada que no firmó en 2016 el acuerdo de paz que el Estado alcanzó con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y continuó delinquiendo.
Existen otros acercamientos con grupos armados y bandas usualmente dedicadas al narcotráfico, tanto en las zonas rurales como urbanas. También están en marcha varios procesos de cese del fuego aunque sólo el acordado con el Estado Mayor Central cuenta con un protocolo de verificación que incluye la prohibición de atacar a la población civil.
