CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Grupos defensores de la libertad de prensa dijeron el martes que el gobierno mexicano aparentemente seguía usando el programa espía Pegasus en 2022 para interferir en los teléfonos de activistas por los derechos humanos, a pesar de la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner fin a esa clase de espionaje.
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Los activistas víctimas del espionaje trabajan para el grupo Miguel Agustín Pro Juárez. El centro, que ha sido blanco de espionaje en el pasado, denuncia abusos por parte del gobierno y el ejército.
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El espionaje fue confirmado por medio de una investigación forense realizada por el Laboratorio Ciudadano de la Universidad de Toronto, dijeron los grupos el martes.
“Al menos tres personas defensoras de derechos humanos y dos periodistas han sido espiadas ilegalmente con Pegasus, presumiblemente por el Ejército, que de acuerdo con la información dada a conocer por medios, es la única institución (gubernamental) que actualmente cuenta con Pegasus”, según un informe del grupo defensor de la libertad de prensa Artículo 19, la Red de Defensa de los Derechos Digitales y medios de prensa mexicanos.
El diario New York Times fue el primero en informar sobre el nuevo espionaje.
El programa espía Pegasus, de fabricación israelí, se vende solamente a organismos de gobierno; se infiltra clandestinamente en teléfonos y otros artefactos para recolectar datos y espiar a sus dueños.
En la víspera, la Suprema Corte mexicana anuló una norma de 2016 que permitía al ejército infiltrar los teléfonos de civiles sin una orden judicial.
Al asumir en diciembre de 2018, López Obrador prometió poner fin al espionaje gubernamental, del cual él mismo, dijo, fue víctima durante décadas cuando estaba en la oposición.
Preguntado el martes sobre el presunto hackeo, el presidente no respondió directamente en su conferencia de prensa diaria, pero reiteró su concepto de que lo que hace su gobierno es recopilación de inteligencia, no espionaje.
“Tenemos nuestra conciencia tranquila como para decir que no se va a violar derechos humanos, ni se va a espiar a nadie”, dijo López Obrador. "No lo hemos hecho a nadie”.
El director del centro Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, y el director de asuntos internacionales del centro fueron los blancos más recientes del espionaje.
Según el informe, sus teléfonos fueron infiltrados entre junio y setiembre de 2022, cuando los dos activistas participaban en investigaciones y protestas contra abusos del ejército en el pasado, incluido el secuestro y desaparición en 2014 de 43 estudiantes de una escuela normal rural.
Entre las víctimas anteriores se encontraban el periodista y autor Ricardo Raphael en 2019 y 2020 y un periodista anónimo del medio de prensa online Animal Político.
En octubre, los mismos grupos dijeron en un informe que el ejército mexicano presuntamente seguía espiando al activista por los derechos humanos Raymundo Ramos, entre otros. El gobierno aparentemente filtró la grabación de una conversación telefónica en la que se escucha la voz de Ramos. El gobierno dijo que había infiltrado el teléfono de un presunto narcotraficante y que Ramos había llamado o recibido una llamada de ese número.
Desde hace años, Ramos ha reunido información sobre abusos del ejército y la policía, incluidos numerosos asesinatos, en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, dominada por el narco. Su teléfono aparentemente fue infiltrado con Pegasus en 2020.
Según documentos filtrados, el ejército ha pedido presupuestos para programas de espionaje de empresas relacionadas con la distribución de Pegasus. El grupo hacker Guacamaya encontró documentos del ejército con pedidos de presupuestos en 2020, 2021 y 2022.
Las víctimas de los ataques con spyware dijeron que suponían que el ejército era responsable en vista de la naturaleza de su trabajo y el momento en que se produjo el espionaje.
La Secretaría de Defensa mexicana no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones sobre las denuncias.
El jefe de seguridad de López Obrador dijo que los dos gobiernos anteriores compraron spyware Pegasus por 61 millones de dólares.
López Obrador se ha apoyado en los militares y les ha dado más responsabilidades —desde la construcción de infraestructura hasta la supervisión de puertos y aeropuertos— que cualquiera de sus predecesores.
Esto ha generado preocupaciones de que el ejército, que tradicionalmente se ha mantenido al margen de la política, podría estar convirtiéndose en una fuerza independiente con escasa supervisión o transparencia.
