MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
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Así se desprende de un escrito de este miércoles, recogido por Europa Press, en el que Aeris insta al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, que acuerde dirigir el procedimiento penal contra el Santander como parte investigada.
Fuentes jurídicas han explicado a esta agencia de noticias que el instructor de la causa ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre esta petición antes de tomar una decisión al respecto.
En su escrito, Aeris asegura que "resulta patente que la investigación judicial llevada a cabo ha permitido hacer aflorar suficientes indicios de que en el momento de la adquisición de la entidad litigiosa, el Banco Santander, tenía que ser perfecto conocedor de las infracciones penales que podrían haberse cometido en el seno de Banco Popular".
"MÚLTIPLES INDICIOS"
En este sentido, considera que la entidad incumplió "severamente su deber de detección de las mismas, con clara indiferencia y tolerancia al riesgo penal en la que pudiera haber incurrido Banco Popular antes de su adquisición o evitando la conducta debida ante tal detección".
"Se han acumulado en la causa múltiples indicios sugestivos de que el proceso de adquisición por fusión que lideró el Banco Santander discurrió en un escenario de tolerancia y de evidente indiferencia hacia los múltiples indicios de las irregularidades contables y de gestión jurídico penalmente relevantes que acuciaban al Banco Popular", sostiene Aeris.
Así las cosas, el escrito solicita que se requiera al Santander para que identifique a las personas físicas y/o jurídicas, que participaron el proceso de 'due diligence' legal en el mes de mayo de 2017, como consecuencia del proceso de venta del Popular. Asimismo, Aeris pide que el Santander indique al Juzgado los criterios utilizados para el cálculo del importe total en el que se cifraron las contingencias legales detectadas en el marco del citado proceso.
Cabe recordar que en esta causa el magistrado investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
