MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Las autoridades de Irán ejecutaron por ahorcamiento a 582 personas en 2022, según un informe publicado por las organizaciones no gubernamentales Iran Human Rights (IHR) y Juntos Contra la Pena de Muerte (ECPM), que han destacado que la cifra es la más alta desde 2015 y han afirmado que el objetivo del Gobierno iraní es "infundir miedo para aferrarse al poder".
Las ONG han indicado en el prefacio del informe que "debido a un contexto muy difícil, la falta de transparencia y los obvios riesgos y limitaciones que sufren los activistas en Irán, el informe no da una imagen completa sobre el uso de la pena de muerte en Irán".
"Hay informes sobre ejecuciones que no están incluidas en este informe debido a que no hay suficientes detalles o a la incapacidad de confirmar casos a través de dos fuentes diferentes", han explicado, antes de recalcar que tampoco incluye a los 537 manifestantes muertos durante las protestas tras la muerte de Mahsa Amini y las "sospechosas muertes bajo custodia" o "los muertos por torturas".
En este sentido, han recordado que hasta la fecha han sido ajusticiadas cuatro personas condenadas por su papel en las protestas, que estallaron en septiembre tras la muerte bajo custodia de Amini, una joven kurdo-iraní detenida en la capital, Teherán, por supuestamente llevar mal puesto el velo.
"Más de cien manifestantes se enfrentan a cargos que acarrean la pena de muerte y al menos 20 han sido sentenciados a muerte en juicios en primera instancia", han manifestado, antes de reseñar que las "firmes críticas internacionales" han "salvado" por ahora a algunos de los condenados.
Sin embargo, han explicado que "las autoridades intensificaron la ejecución de prisioneros por cargos no relacionados con la política, con al menos 127 ajusticiados en noviembre de diciembre de 2022". Entre ellos figuran 67 sentenciados por delitos de drogas y 53 por cargos de asesinato.
El director de IHR, Mahmud Amiri-Moqadam, ha aseverado que "las reacciones internacionales a las condenas de muerte contra manifestantes dificultaron a la República Islámica llevar a cabo las ejecuciones". "Para compensar y difundir el miedo entre la gente, las autoridades intensificaron las ejecuciones por cargos no políticos", ha lamentado.
"Estas son las víctimas de bajo coste de la máquina ejecutora de la República Islámica. Para detener esta máquina, la comunidad internacional y la sociedad civil dentro y fuera de Irán deben mostrar la misma reacción ante todas y cada una de las ejecuciones", ha resaltado.
En esta línea, las citadas ONG han detallado que más de la mitad de los ejecutados desde el inicio de las protestas y 236 del total --lo que representa el 44 por ciento-- habían sido condenados por delitos de drogas, lo que supone más del doble que en 2021 y diez veces más que en 2020.
El informe recoge además que sólo 71 de las ejecuciones (el doce por ciento) fueron anunciadas por fuentes oficiales, un descenso respecto al 16,5 por ciento de 2021 y la media del 33 por ciento entre 2018 y 2020, mientras que los 288 ajusticiamientos por asesinato es la cifra más alta en más de 15 años.
Por otra parte, han indicado que 23 personas fueron ejecutadas por cargos de violación, mientras que 15 fueron ajusticiadas por cargos relacionados con la seguridad, incluidos dos participantes en las protestas. Además, dos personas, entre ellos un condenado por actos durante las movilizaciones, fueron ahorcados en espacios públicos.
EJECUCIONES DE MIEMBROS DE MINORÍAS
Las ONG han indicado además que "las ejecuciones de miembros de minorías étnicas también ha continuado al alza en 2022" y han especificado que "los datos recopilados muestran que los prisioneros baluches suponen el 30 por ciento del total de ejecutados en el país, a pesar de representar sólo entre el dos y el seis de la población de Irán".
"Según el informe, 130 personas fueron ejecutadas en las provincias étnicas de Azerbaiyán Occidental, Azerbaiyán Oriental, Sistán y Baluchistán y Kurdistán, lo que es más del doble que la cifra en 2021 (62) y en 2020 (60)", han dicho, antes de añadir que "durante los últimos diez años, la mayoría de los prisioneros ejecutados por cargos relacionados con la seguridad eran árabes, baluches y kurdos".
"Las minorías étnicas están entre los grupos marginados a nivel socioeconómico en Irán. La pena de muerte es parte de la discriminación sistemática y extensiva represión a la que están sometidas las minorías étnicas en Irán", han denunciado.
Por otra parte, han reseñado que en 2022 fueron ejecutadas 288 personas por asesinato y han indicado que entre ellas figuran tres menores edad. "La mayoría de los ejecutados por cargos de asesinato no estaban acusados de asesinato premeditado", ha detallado Amiri-Moqadam.
"Un cambio en la legislación para distinguir entre asesinato premeditado y homicidio podría limitar de forma significativo el uso de la pena de muerte en Irán, pero al igual que con la Ley Antidrogas, los cambios necesitan presión internacional sostenida", ha argüido el director de IHR.
Por último, el informe recoge que "las confesiones forzadas obtenidas bajo tortura, la negativa al acceso a abogados, el debido proceso y los juicios justos y un aparato judicial que funciona como un órgano represivo del gobierno sin separación de poderes e independencia judicial son los obstáculos clave de cara a la abolición de la pena de muerte en Irán".
"Más de 44 años después de su establecimiento, los tribunales revolucionarios son aún responsables de un gran número de penas de muerte dictadas en Irán", apuntan las ONG, que ensalzan además que "al mismo tiempo, los llamamientos a una rendición de cuentas y justicia han aumentado en Irán y han obtenido el apoyo de la comunidad internacional".