SAN SALVADOR (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDJH) pidió el miércoles a El Salvador que restablezca los derechos y garantías constitucionales que llevan un año suspendidos por la renovación consecutiva de un régimen de excepción que prohíbe la asociación de personas e impide a los detenidos conocer sus cargos y recibir la asistencia de un abogado.
El estado de excepción se declaró inicialmente el 27 de marzo de 2022 y se ha ido prorrogando mes a mes por un año, como estrategia del gobierno de Nayib Bukele de aplicar una política de mano dura contra la inseguridad. La CIDH urge al Estado salvadoreño a respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para prevenir y combatir la criminalidad.
El presidente salvadoreño, en paralelo, solicitó al Congreso una nueva prórroga del régimen de excepción.
La CIDH recordó que El Salvador mantiene suspendidos el derecho de las personas detenidas a ser informadas de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, así como el derecho a no ser obligado a declarar y de contar con la asistencia de un abogado defensor en las diligencias de los organismos auxiliares de la administración e justicia y en los procesos judiciales.
El organismo cuestionó en un comunicado de prensa que en El Salvador se haya ampliado de 72 horas a 15 días el plazo máximo de detención y que se permita a las autoridades intervenir la correspondencia. Advirtió de las consecuencias de las intervenciones ilegales en las telecomunicaciones.
La situación en el país centroamericano ha sido cuestionada y criticada por organizaciones de derechos humanos que señalan abusos.
Según cifras oficiales, más 67.000 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados en este tiempo, de los cuales más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez, la mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas. Pero también más de 3.700 personas han sido liberadas debido a que nunca se pudo establecer un verdadero vínculo con estas estructuras criminales.
La CIDH también expresó su preocupación respecto a las múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como sobre violaciones a los derechos de las personas detenidas. Instó además al Estado a asegurar las garantías y la protección judiciales, así como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal.
Entre las denuncias al régimen, está que al menos 100 personas detenidas durante el régimen de excepción murieron en custodia del Estado, presuntamente, de forma arbitraria, según los señalamientos.
Pese a todo, el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, resaltó el éxito en la disminución de los homicidios y reiteró que el régimen de excepción continuará hasta capturar al “ultimo pandillero”. Defendió que “esta medida de seguridad ha contribuido a la transformación del país" y que “los homicidios se han reducido grandemente”.
Agregó que “solo en este mes de abril llevamos una reducción de 50% de los homicidios comparado con el mismo mes del año pasado” e insistió en que "definitivamente era la ruta, era el camino que teníamos que seguir”.
La última prórroga del régimen de excepción aprobada por el Congreso unicameral entró en vigor el pasado 18 de marzo y finaliza el domingo 16 de abril.
El Congreso, de amplia mayoría oficialista, aprobó por primera vez el estado de excepción, un día después de que se registraran 62 homicidios en un solo día, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo.