CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Consejo de Derechos Humanos de la ONU resolvió el lunes extender por dos años los mandatos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH) para Nicaragua y de otro grupo de expertos creado para investigar crímenes de lesa humanidad atribuidos al gobierno de Daniel Ortega desde 2018.
La decisión fue aprobada en Ginebra con el voto favorable de 21 de los 47 miembros del Consejo y solamente cinco votos en contra, entre estos Cuba, China y Vietnam, aliados del gobierno de Ortega. Otros 21 países se abstuvieron.
La resolución que pidió extender la vigilancia sobre Nicaragua fue redactada por ocho países americanos (Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Paraguay) y tuvo el apoyo también de Argentina y México. Las únicas abstenciones latinoamericanas fueron de Honduras y Bolivia.
La votación renovó la resolución 49/3 del Consejo, aprobada en marzo de 2022, manteniendo los mandatos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y de la OACNUDH, encargados de documentar denuncias sobre graves abusos cometidos por las autoridades desde la revuelta social que estalló en 2018.
El GHREN tiene además el mandato de identificar las causas de esas violaciones y a sus responsables, y de preservar las pruebas para apoyar futuros procesos de justicia.
Los principales organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones políticas opositoras de Nicaragua habían instado a la ONU a renovar ambos mandatos, por considerar que el país sigue sufriendo falta de libertad y violaciones a las garantías individuales por parte de la administración sandinista.
Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, dijo que esta “excepcional renovación” refleja precisamente “la gravedad y el constante empeoramiento de la crisis de derechos humanos” en Nicaragua y de “la clara falta de voluntad de su gobierno para colaborar con la ONU” en afrontarla.
A inicios de marzo, el GHREN presentó un primer informe en el cual concluyó que las “violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos” y que “permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad” por parte del gobierno de Nicaragua. El grupo de expertos de la ONU “tiene motivos razonables para creer que autoridades del más alto nivel de la estructura del Estado, incluyendo al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como altos mandos de las jefaturas de la Policía Nacional, participaron en la comisión de los delitos documentados en el informe”, señaló el documento.
En rueda de prensa posterior a la votación, activistas y defensores nicaragüenses celebraron la extensión de ambos mandatos, por considerar que constituyen un “crucial mecanismo de rendición de cuentas, que garantizará que el amplio catálogo de abusos en Nicaragua no quede fuera del radar internacional”, según dijo Alexandra Salazar, de la ONG Unidad de Defensa Jurídica.
Salazar recordó que en Nicaragua aún quedan 39 presos políticos que no fueron liberados junto con los 222 opositores excarcelados y desterrados a Estados Unidos el pasado 9 de febrero. Entre ellos figura el obispo católico Rolando Álvarez, recluido en la cárcel Modelo de Managua y condenado a más de 26 años de prisión. “Hoy la comunidad internacional ha enviado un mensaje claro: los responsables, a todos los niveles, acabarán rindiendo cuentas”, opinó Olga Valle, directora de la red de monitoreo ciudadano Urnas Abiertas. La resolución del Consejo también amplía el alcance del trabajo del GHREN hacia la vigilancia de sucesos de violencia y abusos denunciados por comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes de Nicaragua, las personas despojadas de su nacionalidad y los actos de violencia sexual y de género.
Esto ofrece “un apoyo fundamental a los derechos de las comunidades históricamente marginadas en Nicaragua”, dijo el ecologista Amaru Ruiz, director de la ambientalista Fundación del Río. “El tema de Nicaragua sigue en la agenda internacional”, acotó.
Nicaragua vive una profunda crisis política y social desde la represión de las protestas de 2018, que dejó al menos 355 muertos, más de 2.000 heridos y unos 100.000 exiliados. Ortega alega que la rebelión de 2018 fue un “fallido golpe de Estado” apoyado por Estados Unidos para derrocarlo.