MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
"Todos los demandantes fueron arrestados desde el 16 de marzo, cuando el Gobierno utilizó el artículo 49.3 (de la Constitución)", ha señalado una de las abogadas, Coline Bouillon, quien ha explicado que esta acción se ha puesto en marcha a raíz de una manifestación en la Plaza de la Concordia, en París, donde fueron detenidas 292 personas, ha recogido el diario 'Libération'.
Para esta veintena de abogados, los numerosos arrestos y detenciones, llevados a cabo por la Policía desde la aprobación de la reforma de las pensiones, se produjeron con el objetivo de "disuadir" a los franceses de ejercer su derecho a manifestarse, por lo que ello supone un "ataque arbitrario a la libertad de las personas".
En concreto, el texto subraya que muchos de los denunciantes estuvieron bajo custodia policial hasta 48 horas sin ser acusados. Pese a ello, la ley francesa no proporciona una indemnización por "privación injustificada de la libertad". "La única forma de obtener amparo es interponiendo esta denuncia", explica.
La mayoría de los afectados fueron arrestados por cargos de "participación en un grupo para la preparación de la violencia y la destrucción", delito castigado con hasta un año de prisión y una multa de 15.000 euros, ha recogido Franceinfo.
Según cifras de la Fiscalía de París comunicadas a la citada cadena, al menos 952 personas fueron puestas bajo custodia policial entre el 15 y el 28 de marzo y solo 43 fueron llevadas inmediatamente ante los tribunales.
A las denuncias contra las detenciones arbitrarias se suman también las críticas por los supuestos excesos policiales durante la disolución de una protesta ecologista en Sainte-Soline, en Deux-Sèvres. Dos manifestantes siguen en coma, pero el presidente francés, Emmanuel Macron, ha dado su apoyo a autoridades locales y fuerzas de seguridad, que actuaron "con gran valentía".
Los sondeos reflejan un desgaste en la imagen pública de Macron, que en los últimos días ha descartado dar marcha atrás o siquiera retrasar su hoja de ruta legislativa, de tal manera que confía en que la reforma de las pensiones pueda entrar en vigor este mismo año. El Consejo Constitucional de Francia tiene previsto pronunciarse sobre esta ley el 14 de abril.