CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los expertos que investigan la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 denuncian que el ejército mexicano ha ofrecido datos falsos, ha movido documentación para evitar su rastreo y oculta evidencia sobre el caso pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió varias veces a la Secretaría de Defensa que colabore.
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Hay “agujeros negros donde la información desaparece” y órdenes de dar respuestas previamente “acordadas” que no responden a la realidad ante las preguntas de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció uno de los integrantes del grupo, Carlos Beristain, junto a su colega Ángela Buitrago, al presentar el viernes un nuevo informe del caso.
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Los expertos de la CIDH llevan investigando el llamado “caso Ayotzinapa” desde 2015 y urgieron a que se faciliten detalles sobre operativos de la Secretaría de la Marina que tuvieron lugar durante más de un mes justo después de la desaparición de los jóvenes y se mantuvieron en “secreto”. Además, anunciaron el hallazgo de un nuevo lugar con restos humanos no calcinados que han sido enviados a analizar para ver si pertenecen o no a los estudiantes.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a los que no se volvió a ver más, con la participación de otras corporaciones de seguridad locales, estatales, federales y de miembros del crimen organizado.
Miembros de las Fuerzas Armadas participaron directamente en los hechos y funcionarios de todos los niveles ayudaron a ocultar información, según la actual Fiscalía.
Los expertos informaron el viernes que, además, hubo miembros del Centro Nacional de Inteligencia en los distintos escenarios de los hechos que no han sido investigados. También denunciaron el gran temor que existe para que nuevos testigos aporten información.
El móvil sigue sin estar claro pero se ha afianzado la idea de que está vinculado con el tráfico de heroína de un cártel que operaba en colusión con autoridades locales y presuntamente también con militares, según información que llegó de la colaboración de México con autoridades estadounidenses.
Sólo se identificaron restos calcinados de tres estudiantes, algunos localizados durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), aunque tanto los expertos como la actual Fiscalía determinaron que fue falso lo que se afirmó entonces -basándose en declaraciones de detenidos que, según la investigación, fueron torturados- que los delincuentes incineraron los 43 cuerpos en un basurero la misma noche del ataque y tiraron sus restos a un río cercano.
Todavía se desconoce qué fue lo que realmente pasó en este “crimen de Estado”, como lo ha calificado el gobierno actual, una de las mayores violaciones a los derechos humanos ocurridas en la historia reciente de México. Sí se sabe que los criminales hicieron desaparecer a los estudiantes en grupos y que la inteligencia militar monitoreó todos los hechos en tiempo real, entre otras razones, porque había soldados infiltrados entre los estudiantes.
También se descubrió el año pasado que algunos de los alumnos permanecieron vivos al menos algunos días después del 26 de septiembre, aunque toda la evidencia apunta a que en algún momento fueron asesinados.
Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador se ha capturado y se inició el proceso penal a implicados clave, entre ellos cuatro militares y el procurador general que inició la investigación, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia por inventar una realidad paralela a los hechos.
Sin embargo, desde fines del año pasado el grupo de la CIDH denunció la divulgación por parte de las autoridades de datos y evidencia no corroborados y alertó sobre nuevas obstrucciones a la justicia dentro de la Fiscalía General y de las Fuerzas Armadas.
Uno de los obstáculos más claros fue el bloqueo al que se vio sometido el fiscal que llevaba el caso y que dimitió en septiembre de 2022 luego de que se retiraran numerosas órdenes de aprehensión de miembros de las Fuerzas Armadas cuya captura los expertos consideran vital y han pedido reactivar.
Pero lo más grave, según los expertos, es que a pesar de que el propio presidente dio seis veces la orden -incluso por escrito- al jefe del ejército para que colabore, la Secretaría de la Defensa, que ha multiplicado sus funciones y poder durante su administración, sigue sin hacerlo.
Los expertos pusieron como ejemplo que se niega la existencia de un centro regional de inteligencia que está documentado que existió y que concentró toda la información.
Los expertos aseguraron que seguirán trabajando con los padres de los estudiantes para intentar avanzar en el esclarecimiento de la desaparición masiva.
