CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un tribunal de México emitió el jueves órdenes de arresto para seis personas en relación con el incendio que mató a 39 migrantes en un centro de detención a principios de esta semana en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, de acuerdo con la fiscal federal que dirige la investigación.
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Sara Irene Herrerías dijo que entre los seis se encuentran tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, dos guardias de seguridad privada contratados por la agencia y la persona que presuntamente inició el incendio. Precisó que cinco de ellos ya habían sido detenidos y que enfrentarían cargos de homicidio y lesiones.
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Por lo menos 39 migrantes murieron después de que aparentemente iniciaron un incendio dentro de una celda de detención el lunes por la noche. Casi una treintena de otros inmigrantes sufrieron lesiones. La mayoría de las víctimas eran de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador.
La secretaria federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que 27 migrantes aún siguen hospitalizados, todos ellos en condiciones graves o críticas. Uno ha sido dado de alta, aclaró. Casualmente, el migrante al que se responsabiliza por haber iniciado el fuego solo tuvo heridas menores y ya salió del hospital, presumiblemente bajo custodia de las autoridades.
Rodríguez también se refirió a la empresa de seguridad privada implicada, a la que identificó como Grupo de Seguridad Privada CAMSA. Explicó que tenía un contrato con el Estado para encargarse de la seguridad en centros de migrantes en 23 estados mexicanos. Adelantó que su permiso de operación sería revocado y que enfrentará una multa.
Debería haber habido 48 agentes a cargo de tareas de seguridad en el centros de migrantes del estado de Chihuahua, en el que se desató el fuego, aseguró Rodríguez.
Un vídeo del interior de la instalación mostró que al iniciarse el fuego, los guardias salieron de la sala sin aparentemente hacer ningún intento por sacar a los migrantes de la celda, aunque no hay aún datos que aclaren si tenían o no llaves de las celdas.
Según una denuncia presentada el miércoles por un abogado que representa a personas involucradas en los hechos, el jefe de la agencia migratoria del estado en donde ocurrió el incendio fue presuntamente informado por teléfono del inicio del fuego y ordenó no liberar a los detenidos.
El funcionario mencionado es el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, donde está Ciudad Juárez fronteriza con El Paso, Texas. El INM no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios ni de entrevista con González Guerrero.
El miércoles tanto la fiscal Herrerías como la titular de Seguridad federal indicaron que hasta ese momento no tenían ningún testimonio que mencionara esa supuesta llamada y la fiscal agregó que el delegado del INM en Chihuahua no había rendido declaración todavía aunque sí lo habían hecho un total de ocho presuntos involucrados en los hechos.
El jueves Herrería sólo agregó que se está analizando toda la “cadena de responsabilidades” dentro de la agencia migratoria para determinar qué actos u omisiones son condenables y destacó que la custodia seguridad y vigilancia de los centros migratorios es responsabilidad de Migración.
Preguntada directamente sobre si el delegado de Migración en Chihuahua había sido llamado a rendir versión ante la Fiscalía, Rodríguez solo dijo que los fiscales no pueden dar información que pueda perjudicar a la investigación del caso, pero que las pesquisas llegarían hasta donde tengan que llegar.
El abogado Jorge Vázquez Campbell presentó la denuncia a la que tuvo acceso The Associated Press y en la que consta que el funcionario aludido presuntamente “dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo”.
Herrerías declaró el miércoles que la Fiscalía aún no tenía evidencia de esa llamada. El jueves, según afirmó Rodríguez, también se estaba investigando el por qué de que los colchones se prendan fácilmente. “No debería haber pasado”, indicó.
De lo que no quiso dar detalle o respuesta Rodríguez es sobre si la celda esta cerrada, sobre dónde estaban las llaves para abrirla o de dónde sacaron un encendedor los migrantes. Dijo que todo esos aspectos eran parte de la investigación.
De acuerdo con el abogado Campbell, sus clientes le indicaron que un migrante pidió un cigarro y un encendedor y, justo después, “empezaron a hacer su protesta”.
Agregó que eran cinco personas las que protestaban y que habían sido detenidas ese mismo día. “Los oficiales se burlaron de ellos, se irritaron y dos de ellos (migrantes) le prendieron el fuego a un colchón”.
Fue en ese momento cuando, según el abogado, los agentes migratorios avisaron a González Guerrero “y el señor dijo que no se hiciera nada y que por ningún concepto les dejaran salir”.
El presidente Andrés Manuel López obrador insistió el jueves en que no habrá impunidad. “Hablé con el fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad”.
No es la primera vez que el abogado Vázquez Campbell presenta denuncias contra las autoridades migratorias de Chihuahua. El año pasado interpuso tres por malos tratos a migrantes y abuso de autoridad que también señalaban al delegado de migración en el estado.
La oficial Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en febrero una recomendación a la agencia migratoria por la detención ilegal en las instalaciones de Ciudad Juárez de tres ciudadanos turcos que estaban legalmente en el país. Los migrantes también denunciaron que funcionarios les pidieron dinero para devolverles sus documentos.
Este tipo de quejas, así como las denuncias de corrupción contra agentes migratorios, son recurrentes en México pero suelen quedar en la impunidad. De las más 5.000 investigaciones internas abiertas por el INM desde 2019 sólo cinco habían terminado en la Fiscalía a mediados de 2022, según información obtenida gracias a las leyes de transparencia.
La forma en la que quedaron atrapados los más de 60 migrantes ha enfurecido tanto a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que han multiplicado las críticas por la actual política migratoria mexicana, su creciente militarización y la falta de rendición de cuentas cuando se denuncian abusos.
