MADRID (AP) — Los inversionistas en energías renovables que perdieron unas subvenciones prometidas por España acuden esta semana a un tribunal londinense para intentar recuperar 125 millones de dólares del gobierno. Se trata de un litigio que dura ya una década y que tendrá repercusiones para la financiación de las energías limpias en toda la Unión Europea.
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Los inversionistas observarán de cerca el resultado después de que Estados Unidos aprobara una nueva ley que ofrece incentivos para las tecnologías verdes locales. Los expertos dicen que la Ley de Reducción de la Inflación ya está alejando la inversión en energías limpias de países de la UE como España, dejando al bloque de 27 naciones mucho menos competitivo a nivel mundial.
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La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, ha propuesto sus propias reglas para permitir subsidios estatales e incentivos para la inversión verde, pero esos cambios no afectarían los casos judiciales que ya están en curso.
El litigio en el Tribunal Comercial de Londres que se ventila esta semana involucra a inversores de Holanda y Luxemburgo que invirtieron millones en una planta de paneles solares en el sur de España en 2011. El gobierno español había ofrecido subsidios para fomentar el crecimiento en la producción de energía renovable, pero luego recortó los pagos sin previo aviso, de manera controvertida, como una forma de reducir costos después de la crisis financiera de 2008.
España ha sido demandada internacionalmente más de 50 veces por los cambios retroactivos y no ha pagado a pesar de haber perdido más de 20 casos hasta el momento, según datos de la ONU sobre disputas internacionales de inversión. La UE respalda la posición de España.
“Esos inversionistas en energías renovables, que son empresas multimillonarias, están muy preocupados por la actitud de España y de Europa de cara al futuro”, advierte Nick Cherryman, uno de los abogados que lidera el caso contra España. “¿Por qué deberían correr riesgos invirtiendo en Europa dados esos antecedentes?”, agrega.
España se ubica ahora junto a Venezuela y Rusia como los países con más deudas no pagadas por violar tratados comerciales, según una clasificación reciente compilada por Nikos Lavranos, un experto en arbitraje de inversiones y derecho de la UE con oficinas en Holanda.
La mayoría de los demandantes alegan que España incumplió los acuerdos que acordó cumplir en virtud del Tratado de la Carta de la Energía, un acuerdo internacional legalmente vinculante entre 50 países para proteger a las empresas de la interferencia gubernamental injusta en el sector energético.
Los activistas ambientales han fustigado el Tratado por proteger la inversión en combustibles fósiles porque los financiadores también pueden interponer demandas contra cambios en las políticas destinados a reducir los proyectos contaminantes. Sin embargo, en el caso de España, casi todos los casos se refieren a energías renovables.
“Si se considera la situación en su conjunto, la UE se está disparando en el pie al apoyar a España en esto”, comenta Lavranos. “No se puede confiar en que puedan cumplir sus acuerdos, por lo que creo que se está tambaleando la confianza de los inversionistas”.
Lavranos también cuestionó que se esté dejando plantados a los inversionistas sobre iniciativas para aumentar la producción de energía renovable en línea con iniciativas recientes de la UE, como el Nuevo pacto verde, un objetivo para la neutralidad de carbono para 2050 y la relajación de las reglas de subsidio.
“Es muy contradictorio”, subraya Lavranos.
Los inversionistas en España interpusieron una demanda en 2013 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un organismo de arbitraje entre gobiernos e inversores respaldado por el Banco Mundial.
España recibió en 2018 la orden de compensar a los inversores por haber hecho los cambios en los subsidios. A pesar de que el organismo internacional le dijo que pagara más de 1.000 millones de dólares, España se ha negado, citando las reglas de la UE.
El Ministerio para la Transición Ecológica de España explicó que “los pagos pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una Ayuda de Estado ilegal”. Cuando se le dice al gobierno que haga un pago de indemnización, notifica a Bruselas, pero “España no puede pagar antes de que la Comisión se pronuncie, de modo que obra cumpliendo fielmente con sus obligaciones legales”.
La Comisión Europea alega que el Tratado de la Carta de la Energía no se aplica en disputas entre estados miembros como Holanda, Luxemburgo y España, argumentando que la ley de la UE tiene prioridad. La Comisión asegura que aún se está estudiando la decisión de compensar a los inversores por la pérdida de los subsidios españoles y que “la opinión preliminar es que el laudo arbitral constituiría una ayuda estatal”.
Cherryman, el abogado de los inversionistas, criticó a la UE por creer que es “superior al derecho de los tratados internacionales”. Después de esperar una compensación durante una década y dada la posición de la UE, su equipo está tratando de cobrarse embargando parte de un acuerdo de 1.000 millones de dólares otorgado a España por un derrame de petróleo en 2002.
A partir de este miércoles, el tribunal de Londres escuchará los argumentos de España de que no se debe permitir que los inversores embarguen esos activos en lugar de la compensación que Madrid debe pagar aún.
José Ángel Rueda, un abogado español de arbitraje internacional que ha representado a varios inversores de energía renovable en sus litigios contra España, opina que la reputación del país está en juego. Apunta que otros miembros de la UE como Alemania y Hungría han pagado después de disputas internacionales, optando por mantener una imagen positiva del país.
“España no es como Rusia o Venezuela. Se esperaba que fuera un país serio. Pero las indemnizaciones siguen sin pagarse”, explica Rueda. “Los inversores pueden ver que España puede no ser un Estado de derecho digno de confianza”.
Después de años de forcejeos entre abogados, la UE sopesa ahora un retiro coordinado del tratado energético, aunque eso no afectaría las disputas pendientes.
“No es posible modernizar el Tratado para que sea compatible con los objetivos del Acuerdo de París y del Pacto Verde Europeo”, según el Ministerio para la Transición Ecológica español.
La Comisión Europea estuvo de acuerdo y consideró que una salida coordinada era “la forma más pragmática de avanzar”.
Sin embargo, una acción de ese tipo podría simplemente persuadir a los inversores a mirar al otro lado del Atlántico, alerta Cherryman.
“Estados Unidos ha actuado ágilmente y ha introducido una legislación muy favorable para fomentar la inversión en renovables”, afirmó. ” Ellos respetarán mi inversión o puedo arriesgarme e ir a Europa, a España”.
El riesgo es la pérdida de más fondos para las energías renovables, que son “una victoria para todos”, advierte Cherryman. “Todos queremos ver que se invierta en energías renovables y todos queremos un entorno más verde que sea un futuro más seguro para nuestros hijos”.
