QUITO (AP) — La Corte Constitucional de Ecuador notificó el miércoles que admitió el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, planteado por una mayoría de oposición de la Asamblea para intentar destituirlo alegando presuntos delitos contra la seguridad del Estado y de supuesta corrupción.
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El aval constitucional no implica la destitución presidencial, sino que da paso a que se inicie el trámite del juicio político en la Asamblea Nacional, que debe seguir un proceso de presentación de argumentos y sumar mayoría en votación.
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La Secretaría de Comunicación de la Presidencia, en un comunicado, dijo que a pesar de que el gobierno no coincide con la decisión de la Corte Constitucional “respetamos el dictamen de admisibilidad del juicio político”, lo que de ninguna manera valida los argumentos planteados por el Legislativo en contra del mandatario.
Aseguró que las acusaciones de la Asamblea no han tenido sustento ni jurídico ni político.
El tribunal, intérprete y garante de la constitución del país, adoptó la decisión con el voto de seis de los nueve magistrados integrantes. Recibió el pedido de enjuiciamiento por parte de bancadas legislativas presididas por el partido Unión por la Esperanza, afín al expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017).
En el fallo, la mayoría de ese organismo resolvió inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión pero admitió el pedido de juicio político relacionado con el de peculado y argumentó que la Asamblea ha respetado los principios de legitimidad política y debido proceso.
En relación al delito de peculado o malversación de fondos, la Corte determinó que se enmarca dentro de los presupuestos de admisibilidad.
No hubo reacción o pronunciamiento inmediato del gobierno o del presidente Lasso tras darse a conocer la decisión del cuerpo constitucional.
La iniciativa llegó a la corte luego de pasar por varios procedimientos e instancias en la Asamblea, entre ellos, por una comisión que revisó una investigación policial de supuestos nexos entre el cuñado del mandatario, Danilo Carrera, con funcionarios públicos presuntamente relacionados a redes de corrupción y de narcotráfico.
El caso por el que Lasso será llevado a juicio político conoció mediante publicaciones del portal digital La Posta, que reveló una investigación de la policía entre junio de 2022 y enero de 2023, que fue archivada por recomendación judicial y de la Fiscalía ante la falta de elementos contundentes.
No obstante, la oposición política tomó las revelaciones para sustentar el pedido de juicio, que llegó el fin de semana a manos de la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre si se apega al marco jurídico ecuatoriano o no.
El presidente ecuatoriano envió a su vez al ente un documento de 91 páginas de descargo para que ese tribunal deseche el pedido del Legislativo. Adujo que no se justificaba ni probaba ninguna acusación y que la petición fue presentada fuera de plazo, así como que el expediente tampoco estaba completo, lo que no tuvo acogida.
Con esta decisión de los magistrados constitucionales, el proceso de juicio político contra Lasso vuelve al Legislativo. En un plazo máximo de hasta 45 días, deberán someter al mandatario al proceso de enjuiciamiento, que conlleva varios pasos previos.
Para destituir al mandatario, se requiere una mayoría de votos de 92 respecto de los 137 asambleístas. Según las bancadas de oposición, hay una cierta posibilidad por el número de legisladores que están en contra del mandatario.
Aunque en el primer intento de destitución presidencial, la iniciativa no cosechó los votos suficientes. Fue en junio del año pasado, cuando Lasso llevaba en el cargo un año. No se llegó a completar los 92 votos necesarios para aprobar el juicio político a Lasso tras el paro indígena que derivó en violentas protestas durante casi tres semanas en el que se exigía una reducción del precio de los combustibles.
El presidente Lasso, cuyo mandato terminaría en 2025, tiene a disposición una fórmula para evitar su enjuiciamiento político. Podría activar una figura constitucional de disolución del Legislativo, llamada muerte cruzada, sin mayor trámite. Eso le permitiría gobernar por decreto durante unos seis meses, antes de tener que convocar elecciones.
En ese lapso podría postular a la reelección del cargo, una opción que hasta ahora no ha planteado oficialmente y que tiene como antecedente la reciente derrota en las urnas en febrero de una consulta popular enfocada en la seguridad.
