MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
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Austin, que ha criticado que no aprobar estos nombramientos "provoca un efecto en cadena en el seno de las fuerzas estadounidenses", ha puntualizado que este tipo de acciones únicamente "merman las capacidades" de los militares.
Así, ha sostenido su postura ante la posibilidad de que miembros de las Fuerzas Armadas tengan acceso al aborto a pesar de que el senador Tommy Tuberville, entre otros, le han pedido revertir esta postura a cambio de desbloquear los nombramientos, según informaciones de la cadena de televisión CNN.
Tuberville, sin embargo, ha insistido en que congelará estos nombramientos hasta que Austin ponga fin o suspenda las nuevas políticas, que se centran en dar apoyo a aquellos miembros del personal que tienen que desplazarse de un estado a otro para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo o acceder a otro tipo de tratamientos, como la fecundación in vitro o la inseminación artificial.
"Esto afecta a las familias", ha puntualizado Austin, que ha afirmado que "afectará a los niños y a las capacidades del Ejército de maximizar su preparación". No obstante, el senador ha incidido en la importancia de "evitar que sean los contribuyentes los que financien el aborto".
El Pentágono lleva autorizando esta práctica en determinadas circunstancias --riesgo para la vida de la madre, incesto o violación-- durante décadas. "Una de cada cinco personas que forman parte de nuestras tropas son mujeres, y no tiene la posibilidad de elegir donde son enviadas, así que tenemos a unas 80.000 mujeres en sitios en los que ahora no tienen acceso a salud reproductiva", ha lamentado.
"Por eso les pido reconsiderar esto y permitir que las nominaciones salgan adelante. Será una gran diferencia para nuestras fuerzas", ha dicho. El cambio de política en el seno del Ejército llegó tras el veredicto emitido en mayo de 2022 por el Supremo y que anuló el histórico fallo de Roe versus Wade, que reconocía el derecho de las mujeres al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo, un precedente legal que se llevaba usando en el país desde 1973.
