El papa Francisco actualizó una ley canónica de 2019 que hace responsables a los jerarcas de la Iglesia católica que encubren casos de abuso sexual, ampliándola para abarcar a laicos jerárquicos y reafirmó que los adultos vulnerables también pueden ser víctimas cuando no pueden dar su consentimiento.
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Francisco ratificó e hizo permanentes las disposiciones transitorias de la ley de 2019, aprobada en un momento de crisis del Vaticano y la jerarquía católica. En su momento, la ley recibió elogios por establecer mecanismos precisos para investigar a los obispos y superiores religiosos cómplices, pero su aplicación ha sido dispareja y el Vaticano ha recibido críticas de víctimas de abusos por la falta de transparencia.
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Las nuevas normas se ajustan a otros cambios en el manejo por la Iglesia de los casos de abuso reportados desde entonces. Lo más significativo es que se las amplía para abarcar a asociaciones autorizadas por el Vaticano encabezadas por laicos, no sólo por clérigos. Esto responde a los numerosos casos que han salido a la luz en años recientes de jerarcas laicos que abusan de su autoridad para explotar sexualmente a personas a las que deben brindar ayuda espiritual.
La nueva ley aclara que los adultos pueden volverse vulnerables a los abusos, incluso de manera ocasional, de acuerdo con las situaciones. Esto es significativo, dada la resistencia en el Vaticano a ampliar sus normas sobre abusos para abarcar a los adultos.
Francisco dispuso las normas en 2019 en respuesta al capítulo más reciente de una crisis de décadas, precisamente a un encubrimiento denunciado por un jurado investigador en Pensilvania y el escándalo causado por el entonces cardenal Theodore McCarrick. El propio Francisco quedó implicado en esa ola de escándalos cuando desestimó las denuncias de las víctimas de un notorio depredador en Chile.
Al comprender su error, el papa ordenó una revisión total del expediente de abusos chileno, convocó a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo a Roma para una reunión de cuatro días y puso en marcha planes para una nueva ley que obligara a los jerarcas de la Iglesia a rendir cuentas por los abusos y encubrimientos y ordenar que se denuncien internamente todos los casos.
La ley y su actualización comprende normas explícitas para investigar a los obispos acusados de cometer o encubrir abusos, en respuesta directa al caso McCarrick, dado que era de conocimiento en círculos del Vaticano y algunos círculos eclesiásticos de Estados Unidos que él tenía relaciones sexuales con sus seminaristas.
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La ley ordena a todo el personal de la Iglesia reportar internamente las denuncias de abusos de clérigos, pero no ordena reportarlas a la policía. Amplía las protecciones a los denunciantes anónimos y ratifica la necesidad de proteger el buen nombre de los acusados.
