MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
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"Yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Militares. Soy el único responsable de las acciones en los Pozos, Caquetá", ha dicho Petro en su cuenta en Twitter, antes de subrayar que fue él quien dio orden de no intervenir.
"No quiero jueces que presionen, que se bombardeen niños, que hagan falsos positivos o se masacre a los manifestantes. Mis tropas jamás bombardearán niños. Respondo ante el juez militar que juzga a mi jefe de Policía en Caquetá por mis órdenes de no matar a la población civil", ha recalcado.
"Los mejores juristas internacionales en defensa de los Derechos Humanos serán contratados para defender a los oficiales de Policía que defiendan los Derechos Humanos en Colombia", ha añadido Petro, en referencia al comandante de Policía de Caquetá, el coronel Javier Antonio Castro, a quien la Justicia Militar ordenó detener por supuesta omisión en aquellos hechos.
Estas aclaraciones vienen después de que el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, calificara lo que ocurrió de secuestro, en contraposición a la versión del Gobierno que usó el término "cerco humanitario".
Sanabria afirmó que el ministro del Interior, Alfonso Prada, fue presionado por las guardias campesinas, quienes condicionaron la liberación de los agentes a que en el protocolo de liberación no apareciera la palabra secuestro.
"El señor ministro se canjeó por los policías y hubo momentos de tensión (...) él fue el garante de la entrega (...) el ministro nos dijo que se quedaba ahí para que los demás pudieran salir", contó Sanabria en Caracol Televisión, añadiendo que lo de Prada fue todo un "acto de valentía".
Sin embargo, Prada ha desmontado la versión de Sanabria y ha enfatizado que ni él ni ningún ministro estuvieron secuestrados. "Ahí lo que había era una asonada, un levantamiento ciudadano", tal y como ha recogido la emisora RCN.
Asimismo, ha acompañado la versión de Petro y ha recalcado que si no se ordenó al Ejército entrar "es porque allí habría podido suceder una catástrofe", no solo para los policías que estaban allí, sino también para los campesinos.
La primera semana del mes de marzo, y tras más de un mes de protesta, campesinos de una zona rural del municipio caqueteño de San Vicente del Caguán, en plena Amazonia colombiana, irrumpieron en las instalaciones de la petrolera Emerald Energy en protesta por el incumplimiento de algunos de los compromisos que la selló con las poblaciones de alrededor, como pavimentar algunas de las vías de acceso.
Como consecuencia de los choques entre campesinos y policías, hubo dos muertos, un manifestante y un subteniente, además de 40 heridos, así como 78 policías y seis trabajadores de la petrolera retenidos. Apenas tres días después, fueron liberados.
