SAN ANTONIO, Texas, EE.UU. (AP) — Irma Reyes se cambió de ropa en el asiento trasero de la camioneta pickup: falda, mallas, cuello alto, chaqueta de cuero. Todo negro. Se cepilló el cabello y se calzó los tacones mientras su esposo conducía su Chevy a través de la oscuridad previa al amanecer hacia un juzgado a cientos de kilómetros de su casa.
Quería lucir confiada: equilibrada pero muy resuelta. El atuendo estaba destinado a que los fiscales de Texas supieran que esa mañana se enfrentarían con una madre imponente.
Semanas antes, Reyes supo del acuerdo de culpabilidad. Los fiscales estatales planearon dejar que salieran libres los dos hombres acusados del tráfico sexual de su hija.
Apenas había podido comer o cepillarse los dientes desde entonces, su mente estaba acelerada: ¿Por qué hacen esto? ¿Puedo hacer que el juez lo detenga? ¿No saben que mi hija importa?
La hija de Reyes tenía 16 años en 2017, cuando hombres que conocía solo como “Rocky” y “Blue” la mantuvieron a ella y a otra joven en un motel de San Antonio donde otros hombres pagaban para tener sexo con ellas. Ahora, los casos contra Rakim Sharkey y Elijah Teel —los hombres que la policía identificó como los traficantes—, han pasado por años de demora, un desfile de fiscales, un juicio abortado y, al final, una retirada total del gobierno.
Se encuentran entre miles de casos bajo una nube de disfunción del procurador general de Texas, Ken Paxton, cuyos problemas legales incluyen una investigación criminal por parte de funcionarios del Departamento de Justicia, en Washington. Los casos de tráfico en particular han sido objeto de investigación y arrojan dudas sobre cómo la agencia, que libra batallas judiciales que afectan a personas mucho más allá de Texas, utiliza millones de dólares de los contribuyentes estatales en un tema que los líderes republicanos proclaman como una prioridad mientras atacan el enfoque de los demócratas sobre la seguridad fronteriza.
Para Reyes, su hija y otras víctimas y familias, la política pasa a un segundo plano ante su dolor. Para ellos, el acuerdo de culpabilidad es un caso clásico sobre cómo los problemas de la agencia socavan la justicia para las víctimas vulnerables.
Kristen House, vocera de la procuraduría general, declinó responder preguntas sobre el acuerdo, las acciones de los fiscales y otros detalles del caso que involucra a la hija de Reyes.
“Es como una pesadilla de la que no puedo despertar”, dijo Reyes a The Associated Press.
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El caso estaba listo para juicio años antes de ese día de enero en el que Reyes y su esposo se dirigieron a la corte de San Antonio, dijo Kirsta Leeburg Melton.
“No encontrará un caso corroborado más fuerte”, agregó Melton, quien supervisó la unidad de trata de personas de la procuraduría general hasta finales de 2019 y ahora dirige el Institute to Combat Trafficking (Instituto para Combatir la Trata). “Y me enferma. Está mal”.
En el juzgado, el estómago de Reyes se revolvió al pensar en el acuerdo para los dos hombres: cinco años de libertad condicional. Los cargos originales conllevaban sentencias potenciales de décadas de prisión.
“Necesito vomitar”, dijo Reyes, de 45 años, y sus tacones resonaron en el pasillo rumbo al baño.
Dentro de la atestada sala del tribunal, esperó en una banca trasera durante horas y vio a personas acusadas de delitos de drogas y por conducir en estado de ebriedad recibir sentencias más severas.
Uno de los acusados entró y se sentó un tiempo en la misma banca. Solo una persona los separaba, pero pareció no reconocer a Reyes, quien apretó la mano de su esposo.
Cuando la jueza llegó a su caso, resumió sus giros y vueltas: años perdidos por la pandemia, demoras debido a la “rotación en la procuraduría general”, días de testimonio el año pasado donde varias personas se contagiaron de COVID-19, lo que obligó a anular el juicio.
Un abogado defensor de Sharkey dijo que su cliente estaba en una “posición fuerte” para ser absuelto, pero que aceptaría el acuerdo para dejar el caso atrás. Reyes escuchó con incredulidad cuando el nuevo fiscal dijo a la jueza que la hija de Reyes —ahora una joven de 22 años con quien mantiene un flujo de mensajes de texto constante—, estaba “en fuga”.
Sharkey y Teel se declararon “sin oposición” a la promoción de prostitución agravada. La jueza, Velia Meza, condenó a los hombres a siete años de libertad condicional a pesar de que los fiscales recomendaron cinco, y agregó que serían supervisados estrictamente pero que no tendrían que registrarse como delincuentes sexuales.
Luego, fue el turno de Reyes. Meza permitiría una declaración de la víctima.
Reyes caminó lentamente hacia el frente de la corte, aferrada a su declaración escrita a mano. Pensó en su hija: un alma hermosa que escucha a Beyoncé a todo volumen y ama a sus perros, una luchadora que superó toda una vida de dificultades para recuperar la sobriedad, una mujer que subió al banquillo de los testigos solo unos meses atrás contra el hombre acusado de traficarla.
Reyes llegó con el alguacil que esperaba. Tomó el micrófono.
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La hija de Reyes perdió a un hermano cuando era pequeña. Después murió su padre ausente. Sufrió acoso escolar.
La AP no revela el nombre de la joven, de acuerdo con su política de evitar identificar a las víctimas de agresión sexual y otros delitos similares. Reyes dijo a la AP que habló sobre esta historia con su hija, quien no quiso comentar ni ser entrevistada directamente.
Reyes contó que cuando era pequeña, su hija se fugaba de la casa de la numerosa familia en el sur de Texas.
Cuando era adolescente, comenzó a consumir drogas y a recibir atención psicológica a través del sistema de justicia de menores. Fue enviada a un centro de rehabilitación en septiembre de 2017.
Los registros judiciales muestran que apenas unos días después de que la hija de Reyes y otra menor escaparan de la rehabilitación, sus fotos se anunciaron en línea para “citas” en una habitación de motel cerca de la autopista interestatal.
Conocieron a “Blue” afuera de un motel al que no podían pagar por una noche de estancia. Él las presentó con “Rocky”. Ambos rentaron una habitación para las jóvenes, ayudaron a organizar reuniones con hombres que pagaban por sexo y se quedaban con la mitad del dinero al final de cada día, según los registros.
La hija de Reyes declaró después que cuando uno de los hombres la golpeó, se asustó y llamó a su mamá. Reyes encontró el número de teléfono anunciado en Backpages.com, un sitio web de anuncios clasificados que fue cerrado más tarde por la policía. Llamó a la policía; los oficiales encontraron a las menores en el motel esa noche.
Diez días después de que escapara, la hija de Reyes estaba en un centro de detención de menores y hablaba con un detective que rastreó a los hombres durante meses.
“Pudimos obtener el video de vigilancia. Pudimos obtener recibos por la habitación. Pudimos conseguir celulares de donde extrajimos datos”, dijo el detective Manuel Anguiano a la AP. “No creo haber trabajado en un caso en que tuviera más pruebas”.
Varias personas que trabajaron en el caso dijeron a la AP que estaban indignadas por la resolución final de la procuraduría.
“Es un resultado absolutamente desafortunado”, dijo Cara Pierce, quien supervisó la unidad de trata de personas de la agencia hasta agosto de 2022. “Este era un caso juzgable cuando me fui”.
El abogado de Sharkey, Jason Goss, sostiene que el jurado habría absuelto a su cliente, pero dijo a la AP que no tuvo más remedio que no contender el cargo reducido porque la sentencia posible —de 25 años a cadena perpetua— era demasiado arriesgada. Brian Powers, el abogado de Teel, no respondió a mensajes telefónicos y correos electrónicos en busca de comentarios.
Después de salir del centro de detención, la hija de Reyes vivió lejos de casa por un tiempo y luego regresó al hogar de su madre en una manzana residencial tranquila.
Apenas salía de su habitación austera, dijo Reyes, y no podía hablar sobre lo sucedido. Reyes, a su vez, se ponía nerviosa cuando su hija estaba cerca de hombres. Evitaron las multitudes.
Reyes logró que regresara al mundo. Le dio sus golosinas favoritas —Flamin’ Hot Cheetos y Limon Lays— y el libro “Mujeres que corren con los lobos”.
Gradualmente, se aventuraron a salir. Daban paseos matutinos en una reserva natural y observaban las aves mientras almorzaban en el auto de Reyes. Pero la joven todavía tenía ataques de pánico y se encerraba en el baño a veces.
Allí se encontraba cuando Connie Spence, una fiscal que se incorporó al caso en el verano de 2020, llegó para hablar, dijo Reyes. Spence se sentó en el suelo y habló con calma mientras la joven hiperventilaba.
Después de eso, dijo Reyes, su hija empezó a recibir terapia semanal. Comenzó a trabajar como voluntaria en una biblioteca y un museo. Se volvió a matricular en la escuela, y en junio pasado, madre e hija condujeron juntas a San Antonio para declarar.
“Formaron un vínculo de alguna manera”, dijo Reyes. “Connie le dio esperanza”.
En el banquillo de los testigos, a la hija de Reyes le costó respirar y tuvo dificultades para recordar detalles de años anteriores. Pero durante horas de testimonio, narró cómo fue que tuvo relaciones sexuales en el motel para pagar a “Rocky”. Declaró que él se enojó después de que ella habló con otros hombres allí, la llevó a una habitación y la golpeó en la cara.
Cuando se le pidió identificar a “Rocky”, la joven señaló a Sharkey a través de la sala del tribunal.
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Cuatro días después, Reyes y su hija se relajaban en el calor del verano en su patio cuando Spence llamó para informarles que el juez había declarado un juicio nulo porque cuatro personas en la sala del tribunal se contagiaron de COVID-19.
Se dijeron que declarar la segunda vez sería más fácil. Las tres mujeres acordaron volver a la corte tantas veces como fuera necesario.
Pero fue la última vez que hablaron con Spence.
Dejó la oficina del fiscal general al mes siguiente, según los archivos personales obtenidos bajo leyes de registros públicos. La carta de renuncia de Spence no da ninguna razón. No respondió a las llamadas y mensajes en busca de comentarios.
Spence se fue en medio de una ola de fiscales experimentados que renunciaron por prácticas que dijeron estaban destinadas a sesgar el trabajo legal, recompensar a los leales y eliminar la disidencia. Al mes siguiente, la oficina abandonó una serie de otros casos de trata y agresión sexual infantil después de perder el rastro de una de las víctimas.
En octubre, le presentaron a Reyes el nuevo fiscal principal, James Winters —el último de los ocho fiscales que manejaron el caso para la procuraduría, según muestran los registros judiciales—. Reyes manifestó que su hija dijo a Winters que volvería a testificar.
El fiscal pidió después que el caso se pospusiera nuevamente, pero la jueza lo negó. Reyes no volvió a saber de los fiscales hasta principios de enero, cuando Winters llamó sobre el acuerdo de culpabilidad. Fue un par de semanas después de que su hija se fuera de casa.
Por el silencio, se había vuelto pesimista sobre el caso. Tuvieron una pelea, dijo Reyes. La joven se quedó con la familia de una amistad.
A Reyes le preocupaba su hija y si podría volver a sus viejos hábitos. Pasó Navidad con la familia, pero se marchó poco después.
A pesar de ello, un defensor de la víctima dijo a los fiscales que Reyes podría llevar a su hija a la corte, según muestran mensajes internos de la oficina obtenidos por la AP. Reyes no entiende por qué Winters dijo más tarde a la jueza que su hija estaba “prófuga”.
Winters, quien remitió las preguntas enviadas por correo electrónico a un vocero del fiscal general, presentó su carta de renuncia tres semanas después de comparecer ante el tribunal para el acuerdo de culpabilidad, que la Radio Pública de Texas fue la primera en informar.
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En San Antonio, Reyes sujetó la chaqueta sobre sus hombros cuando llegó al frente de la sala del tribunal y tomó el micrófono para su declaración de impacto en la víctima.
Escribió lo que quería decir durante el almuerzo, pero la ira superó su planificación. Miró a los hombres acusados de traficar a su hija y a otras dos menores, a los abogados que flanqueaban a sus clientes, a hombres acusados de solicitar y pagar por sexo con las menores y que también habían obtenido libertad condicional.
Reyes comenzó a hablar en voz baja, la declaración todavía arrugada bajo su chaqueta.
“Rakim, ¿puedes mirarme?”, dijo ella, mientras Sharkey examinaba sus manos. “Tienes hijas. Vas por tu tercera. Exactamente el número de víctimas”.
Expresó a uno de los hombres que había pagado por sexo que le alegraba que su familia lo abandonara.
Y señaló a Winters, el fiscal. “Él no me representa. Me represento a mí misma en este momento. No te tengo miedo”.
Reyes habló durante casi cinco minutos, su voz más fuerte cuando se se volvió hacia la sala del tribunal y suplicó a las personas que eran objeto de trata que se presentaran a denunciarlo.
“Hay víctimas allá afuera que en este momento son prostituidas por esta clase de tipos, este tipo de basura”, dijo. “Y se supone que la basura se deseche. Pero hoy tienen suerte”.
La voz de Reyes se quebró.
“Lo que estas personas hacen a sus víctimas, nada lo arreglará jamás”, dijo. “Solo tratamos de aguantar”.
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Reyes lloró de camino a casa, pero el viaje transcurrió en silencio. Su esposo, que no habla mucho inglés, no había seguido todo lo que ocurrió en la corte. Reyes no sabía cómo explicarlo.
Tampoco sabía cómo decírselo a su hija, quien ya había perdido la esperanza de que los hombres fueran a prisión.
Reyes quería que fuera a casa para hablar en persona. Pero la habitación de su hija estaba vacía.
Reyes se sintió aislada y descansó poco, con pesadillas violentas. Mantuvo las persianas cerradas. Se le dificultaba respirar y fantaseaba con no sentir nada.
Dos días después de la audiencia, Reyes se encontraba sola en su dormitorio, donde cruces adornan las paredes. Se sintió abandonada por los fiscales, por la jueza, por su familia, por Dios. Pensó en cómo se quitaría la vida. La idea parecía tranquilizadora. Sus pensamientos se volvieron específicos. Pero entonces pensó en sus hijos y llamó a una línea de crisis.
“Solo nado en mis pensamientos”, dijo. “Es como un océano grande una vez que dejas que tu mente divague. Pero al volver a levantarte, es ahí donde debo ser consciente de no sumergirme demasiado”.
Reyes cumplió 46 años la semana siguiente. Pasó su cumpleaños en el consultorio del médico. Lloró incontrolablemente. El médico prescribió un medicamento ansiolítico.
Reyes está en terapia. Se inscribió en clases de baile y pasea a sus perros en la reserva natural con la esperanza de que su hija se les una pronto.
Todavía busca una resolución, un cierre. Reyes presentó quejas ante la Procuraduría General, el colegio de abogados del estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, aunque ninguno reabrirá el caso penal. Tal vez su mejor expectativa del sistema legal sea una demanda civil que espera que su hija algún día esté lista para presentar.
Ella y su hija hablan más últimamente. Sus textos están llenos de preocupación, pero también de bromas y fotos.
Un día, el hijo de Reyes la despertó a las 3 de la mañana. Un agente del alguacil estaba al teléfono e informó que su hija había llamado al 911 por un ataque de pánico; dijo que quería ir a casa.
He vivido esto antes, pensó Reyes. Pidió al agente que esperara con su hija.
Se puso los zapatos, subió a la camioneta pickup y condujo en lo profundo de la noche.
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NOTA DEL EDITOR — esta historia incluye una discusión sobre suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, por favor llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255.
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El fotógrafo Eric Gay y el videoperiodista Lekan Oyekanmi de The Associated Press contribuyeron a este despacho.