CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente de México dijo el jueves que las pruebas forenses confirmaron que un cuerpo encontrado en el norte de México era el de un líder de una banda de narcotraficantes acusado de asesinar a dos sacerdotes jesuitas el año pasado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no dijo si las pruebas involucraron pruebas con ADN o huellas dactilares.
La hermana del presunto asesino José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, ya había identificado su cuerpo a simple vista.
El asesinato de los jesuitas en junio de 2022 conmocionó a México. Los jesuitas dijeron en un comunicado el miércoles que la muerte del sospechoso demuestra que el gobierno no puede atrapar a los criminales y ha perdido el control de partes del país.
Luego de nueve meses supuestamente buscando a Portillo Gil, las circunstancias de su muerte sugieren que fue ejecutado por su propia banda de narcotraficantes o por una rival. El grupo criminal de Portillo Gil también estuvo implicado en el asesinato en 2018 de un estadounidense que viajaba por la zona.
Se cree que Portillo Gil fue asesinado a tiros el lunes. El cuerpo fue encontrado en un campo el martes, luego de que alguien llamara a la policía para reportar un cadáver.
La Compañía de Jesús, como se conoce a los jesuitas, dijo el miércoles que el mero hecho de que Portillo Gil haya sido asesinado a balazos no significa que se haya hecho justicia.
“Si se verifica que se trata de la persona implicada en el homicidio de los padres jesuitas, su aparición sin vida de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la justicia ni como una solución al problema estructural de violencia en la sierra Tarahumara”, dijeron los jesuitas en un comunicado.
“Por el contrario, la ausencia de un proceso legal conforme a derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la región las autoridades no detentan el control territorial”, según la Compañía de Jesús.
López Obrador y la Secretaría de la Defensa habían prometido encontrar a Portillo Gil y llevarlo ante la justicia.
No es inusual en México que los cárteles maten a uno de sus propios miembros, si sus fechorías han resultado en una mayor presión policial o militar que afecte sus negocios.
Los sacerdotes asesinados — el reverendo Javier Campos, de 79 años, y el reverendo Joaquín Mora, de 80 — pasaron la mayor parte de su vida sirviendo a la comunidad rarámuri en el poblado chihuahuense de Cerocahui, pese a la violencia de narcotraficantes y los madereros ilegales en la zona.
Portillo Gil también fue acusado del asesinato en 2018 de Patrick Braxton-Andrew, un profesor de español de 34 años de Carolina del Norte que viajaba por la Sierra Tarahumara.
El grupo criminal de Portillo Gil aparentemente sospechaba que Braxton-Andrew era un agente antidrogas y lo mató.