MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Los cinco activistas --Sonia Ndikumasabo, Marie Emerusabe, Audace Havyarimana, Sylvana Inamahoro y Prosper Runyange-- fueron arrestados el pasado 14 de febrero y el 15 de marzo se decidió que permanecieran en la cárcel hasta el juicio.
Los cinco están acusados de "rebelión, dañar la seguridad interna y el funcionamiento de las finanzas públicas", pero como ha explicado la ONU, estos cargos se basan solamente en su asociación con la ONG Avocats sans Frontières.
"Trabajar con una organización no gubernamental, incluso una que no está registrada en Burundi, no está, ni debería estar, prohibido bajo la ley de Burundi" ha explicado.
Esta situación se suma al caso de Floriane Irangabiye, que lleva más de seis meses en prisión "por hacer su trabajo", ya que el pasado agosto fue arrestada por entrevistar a otro periodista y a un defensor de los Derechos Humanos y fue sentenciada a diez años de cárcel.
La ONU ha explicado que la supresión de los derechos ha sido una constante en el país desde la crisis electoral de 2015, por lo que ha urgido a las autoridades de Burundi a "defender los estándares de los Derechos Humanos que implican la libertad de expresión y asociación, liberar a estos individuos y anular los cargos contra ellos".