SANTIAGO (AP) — El Tribunal Constitucional chileno rechazó el martes un requerimiento de la oposición derechista para que declarara inconstitucionales los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric a siete condenados por delitos violentos en el marco del estallido social de 2019.
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Boric indultó el 30 de diciembre a 12 convictos por los hechos de violencia en el marco de las masivas protestas de 2019 y a un condenado por robo bancario, una decisión que derivó en una crisis política y en una baja de la aprobación presidencial, según coincidentes encuestas. Ahora, el Constitucional da la razón al mandatario sobre la constitucionalidad del indulto que perdonó el cumplimiento de la pena.
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El Tribunal Constitucional, cuyo fallo es inapelable, rechazó los requerimientos de la oposición que buscaba anular siete de los 13 indultos, informó el relator José Francisco Leyton. Los fundamentos de la determinación serán conocidos cuando sea redactada y firmada.
El ministro Rodrigo Pica explicó que los indultos “se ajustan a la constitución”.
Doce de los indultados estaban condenados a penas de entre tres y 15 años de cárcel por atropellar a un policía, incendio, porte y/o lanzamiento de bombas incendiarias y robo, en el marco del estallido de hace casi cuatro años. Varios tenían condenas por delitos previos a 2019. Uno de ellos, Luis Castillo, tenía cinco condenas previas.
El último perdonado, Jorge Mateluna, es un exguerrillero condenado a cadena perpetua por el robo a un supermercado en el que murió un guardia, delito por el que fue indultado en 2006. En 2016, fue condenado a 16 años de prisión por participar en un robo bancario. Entre los indultos revisados por el tribunal estuvieron los de Castillo y Mateluna.
La oposición afirmó ante el tribunal que en el caso de Mateluna, el mandatario buscó con su indulto “revisar sentencias firmes y ejecutoriadas”. También cuestionó el fundamento de los decretos de indulto.
Tras anunciar los indultos, Boric defendió que “estos son jóvenes que no son delincuentes... Es un compromiso personal que yo tenía”. Sobre Mateluna, indicó estar convencido de su inocencia.
Sin embargo, una semana después aceptó la renuncia de su ministra de Justicia y de su jefe de gabinete porque “hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión”. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, declaró que no se cumplió la exigencia de que los perdonados no tuviesen “antecedentes complejos previos al estallido”.
El tema de los indultos reflotó con fuerza el fin de semana luego de que el viceministro del Interior, Manuel Monsalve, aseverara que los antecedentes delictivos estaban contenidos en los informes presentados a Boric para aprobar los indultos. Esto contradice a la exministra Vallejo, que había indicado que “la situación habría sido distinta” si el mandatario hubiera tenido a la vista los prontuarios.
La situación se tornó más compleja luego de que el medio en línea Ex-Ante informara que tuvo acceso a un informe de la policía de prisiones que señaló que sólo tres de los convictos estaban en condiciones de ser indultados y que en los restantes 10 había riesgo de reincidencia delictiva si eran liberados.
Las dos coaliciones de Boric también se dividieron frente al tema: el bloque izquierdista más cercano a él los respalda, mientras la centroizquierda criticó el momento en que se cursaron, porque derivó en el quiebre de una mesa de negociaciones con la oposición que estaba próxima a firmar un acuerdo para enfrentar el alza de la delincuencia.
