MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
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En declaraciones para la cadena de televisión estadounidense CNN, Hofmanski ha reconocido que estas órdenes de arresto no son "varitas mágicas", si bien ha defendido su "efecto disuasorio" y considera que dan buena prueba de la labor que está desarrollando la institución en el marco de la guerra en Ucrania, iniciada por orden de Putin hace ya más de un año.
"Es una señal muy importante para el mundo de que estamos haciendo nuestro trabajo, que las víctimas no se quedan solas, no se olvidan y simplemente estamos haciendo lo que se espera", ha manifestado el presidente del TPI respecto a la orden de arresto impuesta contra Putin y la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Lvova-Belova.
Así, el presidente del TPI ha advertido a Putin de que, a partir de ahora, "hay 123 Estados, dos tercios de los Estados del mundo, en los que no estará seguro", en alusión a los países firmantes del Estatuto de Roma, que derivó en la creación del Tribunal Penal Internacional. Ucrania firmó el acuerdo, si bien nunca ha llegado a ratificarlo; Rusia y Estados Unidos, pro su parte, lo rechazaron tras firmarlo.
En este punto, Hofmanski ha recordado que, en base a los estatutos del TPI, "todos los Estados parte tienen la obligación legal de cooperar plenamente con la corte, lo que significa que están obligado a ejecutar las órdenes de arresto emitidas por el tribunal".
Sin embargo, el presidente del TPI ha advertido que esta decisión no es el "fin del juego", pues el caso "puede expandirse y también cubrir otras atrocidades presuntamente cometidas en el territorio de Ucrania", aunque bien es cierto que ha admitido no tener conocimiento de ninguna futura maniobra de la institución.
El TPI ha emitido este viernes una orden de arresto contra Putin y Maria Lvova-Belova, acusados de haber cometido el presunto crimen de guerra de deportar de forma forzada a menores de edad ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra, iniciada hace ya más de un año, hacia territorios rusos.
El tribunal entiende "motivos razonables" para creer que el presidente Putin "tiene responsabilidad penal individual" por estos delitos, bien por su comisión "directa" o por haber sido incapaz de "ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos".
