MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Los cinco activistas --Sonia Ndikumasabo, Prosper Runyange, Sylvana Inamahoro, Audace Havyarimana y Marie Emerusabe--, detenidos el pasado martes, forman parte de dos grupos humanitarios nacionales de gran calado, como son la Asociación de Mujeres Abogadas de Burundi (AFJB) y la Asociación para la Paz y la Promoción de los Derechos Humanos (APDH), y están acusados de un delito de rebelión por sus vínculos con una organización internacional extranjera, según el pliego de cargos recogido por las ONG.
La legislación burundesa, desde 2017, ha impuesto severas restricciones a la actuación de estos grupos en el país y algunas ONG han decidido suspender sus operaciones tras denunciar una normativa que, entre otros aspectos, les obligaba a divulgar la etnia a la que pertenecían sus cooperantes burundeses a pesar del clima de violencia intercomunitaria que se respira en el país.
El Gobierno burundés, y concretamente su ministro de Seguridad, Martin Niterese, ha defendido la ley como un instrumento contra la posible llegada de fondos para grupos terroristas del país a través de estas organizaciones.
Dentro de su petición, las ONG expresan sus dudas sobre la voluntad aperturista expresada por el actual presidente burundés, Evariste Ndayishimiye, sucesor en 2020 de más de 15 años de gobierno sin oposición de Pierre Nkurunziza. A pesar de las promesas del mandatario, "todavía se percibe la hostilidad del Gobierno hacia la que en su momento era una pujante sociedad civil e informativa", lamentan.
Las ONG precisan que estas detenciones suponen un paso atrás frente a las expectativas de libertad desatadas con la liberación, en diciembre, del ex activista y abogado Tony Germain Nkina tras más de dos años de cárcel por presunta colaboración con grupo armado, un cargo nunca demostrado.
"Las detenciones de estos activistas, así como la gravedad de los cargos presentados contra ellos, apuntan a un deterioro del clima para la sociedad civil independiente de Burundi", ha lamentado la investigadora para África de HRW, Clémentine de Montjoye. "Como (el gobierno) comience a perseguir la colaboración con grupos internacionales como un delito y una amenaza para la srguridad del Estado, el poco espacio que le quedaba a la sociedad civil de Burundi acabará completamente restringido", ha avisado.