PARÍS (AP) — Los contrarios a la reforma de las pensiones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebran el miércoles la octava ronda de movilizaciones y protestas mientras una comisión de senadores y legisladores examina el polémico proyecto de ley.
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El último paso en el proceso legislativo para retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años ha provocado un pico en las tensiones políticas y arroja una pregunta clave: ¿Logrará una mayoría parlamentaria?
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Los sindicatos, por su parte, esperan que las manifestaciones en todo el país sigan demostrando la oposición masiva de los trabajadores al plan, promovido por Macron como una pieza clave dentro de su visión para hacer que la economía francesa sea más competitiva.
La reunión que mantendrán siete senadores y siete diputados de la Asamblea Nacional el miércoles busca alcanzar un acuerdo sobre la versión final del texto. Se espera que el Senado lo aprueba el jueves, dado que está controlado por una mayoría conservadora partidaria de aumentar la edad de jubilación.
Pero la situación en la Asamblea Nacional es mucho más complicada.
La alianza centrista de Macron perdió la mayoría en las elecciones legislativas del año pasado, por lo que el gobierno necesita los votos de los conservadores para sacar adelante el plan. Los legisladores de izquierdas y de extrema derecha se oponen firmemente a la medida.
El jefe de los republicanos conservadores, Eric Ciotti, que ocupa un escaño en la Asamblea, dijo en el periódico Journal du Dimanche que el “interés de la nación (...) nos obliga a votar a favor de la reforma”.
Pero los conservadores están divididos y algunos tienen previsto votar en contra o abstenerse, lo que complica las predicciones en la cámara baja.
Sin garantías de mayoría, el gobierno de Macron se enfrenta a un dilema: una votación en la Asamblea el jueves por la tarde daría más legitimidad al proyecto de ley, si se aprueba, pero existe también el riesgo de que sea rechazado.
Otra opción sería emplear un poder constitucional especial para forzar la aprobación del texto en el Parlamento sin una votación. Pero la impopularidad de la medida provocaría críticas inmediatas de la oposición política y los sindicatos por la falta de debate democrático.
Aurelien Pradié, un diputado del partido republicano que se opone a la reforma, dijo el miércoles que si se utiliza ese recurso, acudirá al Consejo Constitucional, el mayor órgano judicial del país, para impugnar la legitimidad democrática de la iniciativa.
Maquinistas, profesores y estibadores, entre otros, no acudirán a sus puestos de trabajo el miércoles. Miles de toneladas de basura se amontonan en las aceras de la capital, París, y de otras ciudades del país tras más de una semana de huelga de los recolectores contra el proyecto de Macron.
En París, la huelga del sector continuará hasta al menos el 20 de marzo.
Se esperan alteraciones en el transporte público, incluyendo el metro y los trenes de cercanías de la capital y los trenes de alta velocidad y regionales a nivel nacional. La agencia de aviación civil, DGAC, canceló el 20% de los vuelos previstos en el aeropuerto París-Orly y advirtió de posibles retrasos.
Los inconformes se congregaron en varias zonas, incluyendo los escenarios de los próximos Juegos Olímpicos de París de 2024.
Los trabajadores de varias refinerías de petróleo también mantienen una huelga indefinida desde la semana pasada.
Las movilizaciones en Francia forman parte de la ola de descontento generalizado motivado por la situación económica que recorre Europa Occidental. En Gran Bretaña, maestros, médicos en formación y trabajadores del transporte público secundaban una huelga el miércoles para reclamar subidas salariales que igualen la inflación.
