BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano presentó el miércoles ante el Congreso un proyecto de ley que busca que narcos y bandas criminales se sometan a la justicia a cambio de un tratamiento penal especial, que incluye algunos años en la cárcel.
Desmantelar las diversas estructuras armadas en el país se enmarca dentro de la política de “paz total” que impulsa el gobierno de Gustavo Petro, el primero de tendencia izquierdista en Colombia. En el caso de las bandas criminales y los narcos, no les ofrecen procesos de paz ni tratamiento político, sólo la posibilidad de someterse a la justicia ordinaria de Colombia.
“Aquí estamos frente a organizaciones, estructuras del crimen que se mueven en la economía ilegal, por eso no hay diálogo ni negociación... ni ningún tipo de prebenda al narcotráfico”, aseguró el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, durante la presentación del proyecto en el Congreso.
Uno de los grupos que podría beneficiarse de la eventual ley es el Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas del país, puesto que ha manifestado su voluntad de acogerse e incluso accedió a un cese al fuego. Sin embargo, en los últimos días el gobierno ha cuestionado dicha voluntad tras señalar al cártel de impulsar una protesta de mineros al noroeste que se tornó violenta para proteger sus negocios de minería ilegal.
El tratamiento penal especial lo ofrecen a las estructuras que manifiesten su voluntad de acogerse a la justicia, se entreguen, confiesen sus delitos, suspendan todo tipo de actividades ilícitas, entreguen sus armas, así como a todos los secuestrados y menores reclutados.
Las estructuras también tendrían que entregar información relacionada con su operación que incluya rutas, puntos de acopio, embarque y operadores de compra y venta de los productos ilegales, como los narcóticos. Además, un inventario de bienes y activos vinculados a la actividad ilegal que estén dentro y fuera del país, que servirían para reparar a las víctimas.
En caso de que hagan entrega anticipada de esos bienes, podrían quedarse con el 6% de los mismos a manera de beneficio.
El proyecto contempla penas de seis a ocho años de cárcel, de acuerdo al grado de responsabilidad individual, sin que puedan acceder a beneficios como la detención domiciliaria ni la libertad condicional.
Además, por cuatro años, cuando ya estén fuera de la cárcel, tendrían que participar en “programas de justicia restaurativa y de reintegración”, según detalla el proyecto de ley.
La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, advirtió ante la prensa que tal como está planteada la ley, protegería más “a los victimarios que a las víctimas” dado que se les otorgan beneficios como un límite de cárcel sin que exista “una manifestación de voluntad del sujeto responsable sobre la verdad”.
Además, a su juicio, la norma sería tan amplia que permitiría que las bandas criminales y el equipo del gobierno pacten “cualquier cosa, como por ejemplo la no extradición... Ese es el mico (la trampa) que yo veo, porque no puede estar tan amplia esa norma. Es peligroso dejar esa ventana abierta", agregó Cabello.
En el proyecto de ley, no hay una referencia a los procesos de extradición. Sin embargo, el gobierno ha dicho que no pedirá a las autoridades del país la suspensión de captura de personas que tengan un proceso de extradición formal activo con el fin de habilitarlas para que hagan parte de diálogos de paz.