BUENOS AIRES (AP) — Un vocero de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner denunció el martes que la justicia no quiere investigar a fondo el intento de magnicidio de la dirigente de centroizquierda un día después que el autor del ataque declaró desde la cárcel que actuó en soledad.
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Fernando Sabag Montiel, detenido por apuntar con un revólver y gatillar contra la exmandataria (2007-2015) el 1 de septiembre del año pasado, afirmó en una entrevista que “lo hice básicamente por la situación del país”.
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El revólver tenía balas en la recámara, pero Montiel no destrabó el cargador antes de disparar.
“Porque entre tanto tumulto, entre tanta gente estaba nervioso”, se justificó el acusado el lunes por la noche en declaraciones al canal C5N de Buenos Aires desde el penal federal de Ezeiza, en las afueras de la capital argentina.
El intento de magnicidio se produjo frente al domicilio de la vicepresidenta, adonde se habían concentrado cientos de sus seguidores para darle apoyo justo cuando se desarrollaba un juicio oral en su contra por corrupción. Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estado.
En la investigación del ataque hay otros dos detenidos, Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte, pareja de Sabag Montiel, como partícipes necesarios.
Sabag Montiel aseveró que “yo lo hice por motus (sic) propio. Actué sólo”.
El senador oficialista Oscar Parrilli, mano derecha de Fernández de Kirchner y que habitualmente oficia de su vocero, sostuvo el martes a Radio Diez que Sabag Montiel “está absolutamente guionado”.
Agregó que la jueza a cargo de la pesquisa por el atentado, María Eugenia Capuchetti, “es cómplice de esto porque quiere terminar la causa, cerrarla y echarle la culpa a dos o tres personas aisladas sin investigar a fondo”.
Los representantes legales de Fernández de Kirchner han solicitado en varias ocasiones a la justicia profundizar la investigación para dar con los autores intelectuales del ataque. Si bien los tres detenidos carecían de filiación política, eran muy activos en las redes sociales contra el gobierno de Alberto Fernández y especial contra la vicepresidenta.
Para Parrilli “la justicia no está dispuesta a investigar quiénes fueron los autores intelectuales y quiénes lo financiaron”.
“Está muy claro el mensaje, no estamos frente a ningún loquito aislado. Forma parte de un guion, de una planificación. A Cristina la quieren muerta o presa”, acotó.
La vicepresidenta, de 70 años, no está conforme con la investigación del atentado en su contra y solicitó apartar a la jueza Capuchetti por considerar que mostró falta de iniciativa para ahondar en la pesquisa sobre quién estaría detrás del ataque. El pedido no prosperó ante instancias superiores.
