QUITO (AP) — El canciller de Argentina, Santiago Cafiero, informó el lunes a su par ecuatoriano de la fuga de una ex ministra del gobierno del expresidente Rafael Correa, que estaba asilada desde hacía poco más de dos años en la residencia del embajador argentino en Quito.
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En un comunicado, la cancillería ecuatoriana confirmó que la exministra de Transportes y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte había escapado e indicó que ha convocado al embajador argentino, Gabriel Fuks, para conocer más detalles de la situación.
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La policía, según el comunicado, activó de inmediato protocolos de búsqueda y captura de la funcionaria, que se mantiene como prófuga de la justicia ecuatoriana por una condena a ocho años de cárcel por corrupción en 2020.
La ex funcionaria es parte de los altos funcionarios, incluidos ministros, el ex vicepresidente Jorge Glas y el mismo ex mandatario Rafael Correa (2007-2017), sentenciados por actos de corrupción, aunque ellos argumentan que son víctimas de una persecución política.
“Ecuador ha presentado un enfático reclamo a la Argentina”, ha exigido la entrega de información y advirtió de que tomará “las medidas más adecuadas ante este incidente”, añadió el mensaje de la Cancillería al conocerse la fuga.
La ex ministra ingresó a la residencia oficial de la embajada argentina en agosto de 2020 para evitar cumplir la sentencia de prisión. Fue acompañada de un hijo menor de edad cuyo padre es de ese país. Fue acogida por razones humanitarias, según se informó en esa época, y ha permanecido hasta ahora dentro del perímetro diplomático.
Argentina notificó en diciembre que había concedido asilo diplomático a Duarte y que esperaba recibir del gobierno ecuatoriano un salvoconducto para que la exministra pudiera movilizarse hasta el aeropuerto, lo que neutralizaba la orden de captura que pesa sobre ella. Pero ello no ocurrió y se mantuvo en la residencia del embajador, en el norte de la capital.
Duarte se desempeñó como ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda entre los años 2007 y 2009, luego fue ministra de Inclusión Económica y Social de 2009 a 2010 y finalmente ministra de Transporte y Obras Públicas de 2010 a 2014.
En relación con su último cargo es que ella fue sentenciada a ocho años de prisión por el delito de soborno en un caso de aportes de campaña irregulares al partido de gobierno de entonces Alianza País, por parte de empresas ecuatorianas e internacionales, incluida la brasileña Odebrecht.
