MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
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Así lo manifiesta el informe anual de actividad de 2022 del Defensor del Pueblo presentado este lunes en el Congreso, que destaca que el ruido es "el motivo de queja más frecuente y reiterado" de los que recibe la institución en relación con el medio ambiente urbano.
"Solo una regulación adecuada y la supervisión efectiva del cumplimiento de las condiciones en las que estas actividades deben realizarse evitará que los centros urbanos se conviertan en lugares inhabitables, por la imposibilidad de que los vecinos desarrollen una vida normal, conforme a los derechos que la Constitución les garantiza", considera el Defensor.
Además, pide a los Ayuntamientos que frenen y eviten con sanciones y medidas efectivas el "sufrimiento" de sus ciudadanos en sus domicilios a consecuencia de humos, ruidos, vibraciones y molestias "de focos muy diversos" que llegan de manera "continua y diaria", por ejemplo de los sistemas de extracción de humo, de maquinaria, de los camiones de recogida de basura durante la madrugada o de tareas de carga y descarga fuera de hora o de las máquinas de aire acondicionado, más allá de las molestias procedentes del ocio nocturno.
Al respecto, pide a la Administración local que "reaccione con diligencia y eficacia", para lo que le recomienda dotarse de más medios humanos, personales y técnicos para que "en un tiempo razonable" se puedan comprobar los hechos denunciados y corregir la causa de las molestias.
En ese contexto, el Defensor recuerda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional que inciden en que una exposición prolongada a niveles de ruido que superen los umbrales fijados normativamente y que puedan imputarse a los actos u omisiones de entes públicos vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario.
Además, insiste en que cuando los niveles de inmisión acústica que deba soportar una persona, a consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos, rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato la salud, podrá también afectar al derecho fundamental a la integridad física que recoge el artículo 15 de la Constitución Española.
En ese contexto, el Defensor expone que en 2022 numerosos ciudadanos, asociaciones y plataformas de distintas ciudades, principalmente Barcelona, Bilbao y Madrid, se quejaron por la proliferación de terrazas por los altos niveles de ruido que soportan los vecinos, la invasión del espacio público que conllevan las terrazas, las aglomeraciones de personas y la acumulación de basura y suciedad son, en síntesis, las molestias que manifiestan.
También cuestiona el Defensor la prolongación de las medidas aprobadas a favor de las terrazas durante la pandemia del Covid-19 porque los ciudadanos declaran "con demasiada frecuencia" que se abusa de tales medidas de flexibilización, que no se cumplen los términos regulados hasta el punto de "imposibilitar el descanso y el desarrollo de una vida normal en sus domicilios y en el espacio público".
Del mismo modo, incide que las quejas ciudadanas de que con frecuencia se sobrepasa el máximo aforo permitido, que se incumple el horario de cierre, que se instalan mesas y sillas en más espacio que el autorizado y se dificulta así el tránsito peatonal por la acera. "Estas conductas ilegales no tienen consecuencias jurídicas que resulten eficaces para evitar que se sigan produciendo", afea el Defensor.
LAS TERRAZAS EN MADRID
En concreto, se refiere a la investigación que la institución inició en 2021 en Madrid donde ha podido constatar que las reivindicaciones de los vecinos "no están faltas de razón" pues la aplicación de la normativa "fracasa en su intento de garantizar el descanso y sus derechos".
El Defensor detalla el informe que el Ayuntamiento de Madrid le envió y en el que hacía una valoración positiva d e la aplicación de la nueva ordenanza, pero no incluía un análisis concluyente ni aportaba datos significativos al no precisar ni cuantas terrazas habían solicitado autorización para consolidar espacios ocupados durante el COVID-19, ni las denuncias presentadas por inspectores o ciudadanos a raíz del ruido y las molestias por las terrazas o las sanciones impuestas.
En definitiva, ha remitido varias recomendaciones al Ayuntamiento de Madrid para que supervise de forma eficaz el cumplimiento de los titulares de las terrazas hosteleras para garantizar el descanso de los vecinos. En concreto, ha propuesto un plan de inspecciones programadas y sin previo aviso o que habilite nuevos medios de inspección de las terrazas y que desarrolle campañas de concienciación ciudadana para fomentar comportamientos cívicos en los espacios públicos, especialmente los vinculados al uso de terrazas.
En cuanto a Barcelona, señala que a finales de 2022 inició una investigación tras la queja presentada por varias asociaciones de vecinos y ha solicitado al Ayuntamiento de la ciudad Condal un informe sobre la aplicación y el cumplimiento de la nueva ordenanza de terrazas.
BOTELLONES EN BILBAO
Sobre Bilbao, el Defensor se refiere a otra actuación destacada en el distrito de Abando, donde "se reproducen los problemas" por la proliferación de terrazas y establecimientos de hostelería y ocio nocturno, con especial incidencia de aglomeraciones de personas en las puertas de los locales y de personas bebiendo en la calle.
Así, ha solicitado al Ayuntamiento un informe de las inspecciones dirigidas para evitar los botellones y asegurar un comportamiento cívico a la salida de locales de ocio nocturno de madrugada y conocer los resultados de registros de mediciones continuas de niveles de ruido soportados en el distrito.
En todo caso, el Defensor indica que ha iniciado actuaciones análogas en otros ayuntamientos a los que también ha remitido un conjunto de recomendaciones y sugerencias.
EVENTOS LÚDICOS
En relación con ello, el informe de actividad de 2022 refleja el "especial interés" del Defensor en las actividades culturales, festivas y lúdicas, como actuaciones callejeras, conciertos, espectáculos u otras convocatorias que se llevan a cabo en calles, plazas, recintos de manera habitual o extraordinaria, dados los problemas y quejas que origina "todos los años" y que afectan a los derechos de un "elevado número de personas en todo el territorio".
Si bien valora que los Ayuntamientos autoricen, promuevan u organicen en el espacio público actividades de ocio o culturales para los ciudadanos y para una ciudad vida, pero les recuerda que, al hacerlo han de cohonestar los derechos de juego conciliándolos de manera adecuada y satisfactoria tanto en el uso del espacio público como el descanso vecinal.
"Resulta clave que en las autorizaciones se fijen horarios y límites de intensidad en la megafonía o los altavoces, así como la habilitación de medios suficientes y eficaces de control y medición del ruido", insiste.
Así, el Defensor recuerda que en la "búsqueda de un modelo de ciudad como espacio de convivencia" los Ayuntamientos han de lograr un equilibrio entre las actividades y los derechos de los vecinos.
