El gobierno de Nicaragua informó el domingo que planteó la suspensión de su relación diplomática con el Vaticano, en una medida que llega tres días después que el papa Francisco comparase al gobierno de Daniel Ortega con “la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35”.
En un comunicado, la Cancillería del país centroamericano salió al paso a versiones de prensa que más temprano hablaron de una presunta “ruptura” diplomática con la Santa Sede, en medio de un ambiente de tensiones entre la administración sandinista y la Iglesia católica local.
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“Entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de relaciones diplomáticas”, señaló la nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores. El comunicado no reveló los motivos de la medida.
Funcionarios del Vaticano, que hablaron bajo condición de anonimato porque aún no hay ningún anuncio oficial, dijeron el domingo por la noche que había una solicitud de Nicaragua para cerrar las misiones diplomáticas de cada lado.
En una entrevista al portal de noticias argentino Infobae el jueves, el papa Francisco cuestionó al gobierno de Ortega, que el mes pasado condenó a 26 años de cárcel al obispo Rolando Álvarez, una de las voces católicas más críticas. Ortega incluso se ha referido a la Iglesia católica como “una mafia” y “la dictadura perfecta”.
“No me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Daniel Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, dijo el papa en la entrevista.
“Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera (…) dictaduras comunistas del 17 o hitlerianas del 35. Son un tipo de dictaduras groseras”, agregó.
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La declaración de Francisco fue celebrada por los opositores a Ortega en Nicaragua, que en los últimos años venían reclamando al Sumo Pontífice una posición más crítica frente al gobierno nicaragüense.
Hace exactamente un año, el gobierno de Managua expulsó al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, quien había abogado por la liberación de cientos de opositores presos en 2018 y 2019. La Santa Sede expresó su “sorpresa y dolor” por la medida y dijo que el nuncio fue conminado a “que dejara inmediatamente el país”.
En agosto pasado, la policía nicaragüense impuso un asedio de más de dos semanas en torno a la Curia Episcopal de Matagalpa (norte), manteniendo cautivo al obispo Álvarez junto a tres sacerdotes y cuatro colaboradores, quienes luego fueron arrestados y condenados por supuesta “conspiración”.
El 9 de febrero, el gobierno deportó a 222 “presos políticos”, incluyendo los colaboradores de Álvarez, hacia Estados Unidos. El obispo se negó a abordar el avión, tras lo cual fue condenado a 26 años de cárcel y encerrado en la cárcel Modelo, un penal donde están recluidos miles de reos comunes.
El presidente Ortega confirmó lo anterior en un discurso en el que llamó al sacerdote de 53 años “soberbio”, “desquiciado” y “energúmeno”, por negarse a ser desterrado.
El mandatario sandinista acusó a los obispos católicos de apoyar a la oposición durante las protestas sociales de 2018, que el gobierno de Managua calificó como “un fallido golpe de Estado” para desestabilizar a Ortega.
Las protestas fueron sofocadas con violencia por la policía y paramilitares afines al gobierno, dejando como consecuencia 355 muertos, más de dos mil heridos, mil 600 detenidos en distintos momentos y al menos 100 mil exiliados, según organismos de derechos humanos.