CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La condena de 20 años de prisión que recibió un militar mexicano es para su víctima, una activista indígena me’phaa, una victoria ante el poder militar y ante un sistema judicial ineficiente en un país donde los soldados ocupan cada vez más espacio en labores de seguridad.
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Inés Fernández, originaria de Guerrero, un estado del sur de México anunció el miércoles, el mismo día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer que uno de los 11 militares que la torturó sexualmente hace casi 21 años, cuando ella tenía 25 años, irá finalmente a la cárcel.
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“Este 8 de marzo quiero decir que una mujer me’phaa le ganó la batalla al poder militar”, exclamó la mujer en una conferencia de prensa que se realizó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la Ciudad de México.
La sentencia de Inés es relevante porque, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), en Tlachinollan, su caso es uno de los primeros en los que se alcanzó una sanción concreta y efectiva contra de un miembro del ejército mexicano.
AP solicitó una reacción a la Secretaría de Defensa Nacional, pero no hubo respuesta de inmediato.
Vidulfo Rosales, abogado en el CDHM, informó de que el pasado 1 de marzo el Tribunal Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Hugo Humberto García de León, uno de los militares que torturaron a Fernández.
El 22 de marzo de 2002, cuando tenía 25 años, Inés fue víctima de abuso sexual a manos de 11 efectivos del Ejército mexicano. Según lo relata, al denunciar se enfrentó a la discriminación por ser mujer e indígena y a la ineficiencia de las autoridades mexicanas.
Al no obtener la justicia a través de un proceso penal, Inés llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que el 30 de agosto de 2010 declaró al Estado mexicano culpable de ejercer violencia institucional castrense en su contra. El organismo le ordenó, entre otras cosas, juzgar en instancias civiles y no en un tribunal militar todos aquellos casos en los que hubiera elementos del Ejército que incurrieron en violaciones de derechos humanos.
A raíz de esto, el gobierno mexicano restableció el proceso por la agresión a Inés y en 2013, se arrestó a dos de sus presuntos agresores. Uno de ellos falleció en la prisión del Campo Militar, en las afueras de Ciudad de México, y el otro, García, fue condenado a prisión este 2023.
“La sentencia incorpora los estándares de juzgar con perspectiva de género, la valoración de pruebas en casos de violencia contra las mujeres, la intersección de discriminaciones que debe valorar el juez tratándose de mujeres indígenas y que viven en un contexto de exclusión social”, señaló Rosales.
“Resulta relevante que el juez haya valorado la prueba que se desahogó en la Corte Interamericana. Es un pase inédito en términos jurídicos que un juez aquí en México valore una prueba que se desahogó en un proceso internacional”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México también aplaudió que se haya reivindicado una sentencia a internacional a un nivel nacional. “La sentencia recupera la obligación del Estado a actuar con la debida diligencia frente a la violencia contra las mujeres. Le da un valor reforzado al testimonio de las víctimas, lo cual es muy reivindicable en contextos de la violación sexual”, aseguró Alan García, jefe de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la oficina de Naciones Unidas.
Tanto para Rosales como para García esta condena llega en un contexto político en México de una militarización acentuada donde hay un debate sobre si se le deben dar más facultades legales a las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública.
“El caso de Inés Fernández Ortega nos mostró qué es lo que ocurrió cuando se le dio al Ejército esas facultades”, afirmó el representante del CDHM. García agregó: “Si se le hubiera prestado atención a un caso como el de Inés con las debidas atenciones, con las debidas procuraciones de vigilancia y fiscalización, probablemente México hoy no estaría enfrentando este contexto de inseguridad y violencia enmarcado en un contexto también de impunidad generalizada”.
Aunque cree que una condena de 20 años es “muy poco tiempo”, considerando que ella tuvo que luchar 21 años para lograr que se hiciera “algo de justicia”, la activista dijo a The Associated Press que está contenta y lista para los recursos de apelación o amparos que pudieran presentarse.
“En un inicio creí que yo era la única mujer que había pasado por esta situación, pero durante mi lucha he conocido a muchas más. El gobierno debe de cambiar las leyes, la autoridad debe escuchar y las mujeres, todas, debemos alzar la voz. No es justo que se queden sin castigo. Ya no quiero que otra mujer sea víctima de agresión sexual por parte de militares, no quiero que otra mujer, ni sus hijas ni mis hijas vivan lo que yo viví”, sentenció Fernández.
