SAN JUAN (AP) — Paul Pierrilus fue deportado hace dos años de Estados Unidos a Haití, donde ha tratado de sobrevivir en un país caótico y violento en el que no nació ni había vivido nunca.
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Sus dos padres son haitianos, pero emigraron al territorio caribeño francés de San Martín, donde Pierrilus nació. La familia no solicitó la ciudadanía para él ni en Haití ni en San Martín, y después se mudó a Estados Unidos cuando él tenía 5 años. Creció en Nueva York hablando inglés.
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Deportado —después de un retraso prolongado— debido a que hace dos décadas fue declarado culpable por un caso de drogas, Pierrilus está ahora en Haití, donde no habla criollo haitiano, no ha podido encontrar trabajo y le quedan pocos ahorros mientras espera encontrar la manera de dejar ese país cada vez más inestable.
“Tienes que ser mentalmente fuerte para lidiar con este tipo de cosas”, dijo Pierrilus. “Un país donde la gente es secuestrada todos los días. Un país donde la gente es asesinada. Tienes que ser fuerte”.
El consultor financiero de 42 años pasa la mayor parte de sus días encerrado en una casa leyendo libros de autoayuda, negocios y mercadotecnia en un vecindario en el que los disparos suelen resonar afuera.
Los abogados de Pierrilus en Estados Unidos aún luchan contra su orden de deportación, lo que lo deja en un limbo jurídico mientras el gobierno del presidente Joe Biden intensifica las deportaciones a Haití a pesar de las súplicas de los activistas de que sean suspendidas temporalmente debido al caos cada vez más profundo en ese país caribeño.
Su caso se ha vuelto emblemático de lo que algunos activistas dicen es la discriminación que enfrentan los migrantes haitianos en el sobrecargado sistema de inmigración estadounidense. Más de 20.000 haitianos han sido deportados de Estados Unidos en el último año, y miles más siguen huyendo de Haití en arriesgadas travesías en embarcaciones que a veces terminan en ahogamientos masivos.
Casos como el de Pierrilus, en los que la gente es deportada a un país donde nunca ha vivido, son inusuales, pero ocurren ocasionalmente.
Jimmy Aldaoud, nacido de padres iraquíes en un campamento de refugiados en Grecia y cuya familia emigró a Estados Unidos en 1979, fue deportado en 2019 a Irak tras amasar varias condenas por delitos graves. Con problemas de salud y sin hablar el idioma de Irak, murió unos meses después, un caso que los activistas suelen citar frecuentemente.
Los padres de Pierrilus lo llevaron a Estados Unidos para que tuviera una vida mejor y recibiera una educación de mayor calidad.
Cuando tenía poco más de 20 años fue declarado culpable de vender crack. Puesto que no era ciudadano estadounidense, Pierrilus fue transferido de la custodia penal a la custodia de inmigración, donde se le consideró ciudadano haitiano debido a su ascendencia y se ordenó que fuera deportado a Haití.
Pierrilus logró retrasar la deportación al interponer varias impugnaciones jurídicas. Debido a que no se le consideró un peligro para la comunidad ni se temía que se diera a la fuga, fue puesto en libertad, se le emitió una autorización para trabajar y se le ordenó acudir con las autoridades de inmigración anualmente.
Siguió con su vida y se convirtió en planificador financiero.
Luego, en febrero de 2021, fue deportado sin previo aviso, y sus abogados no saben exactamente cuál es la razón del cambio en su situación.
Abogados de la organización sin fines de lucro Robert F. Kennedy Human Rights, en Washington, tomaron su caso.
“Exigimos que el gobierno de Biden traiga a Paul a casa”, dijo Sarah Decker, abogada de la organización.
La isla de San Martín no confiere la ciudadanía francesa automáticamente a quienes nacen en su territorio de padres extranjeros, y su familia no la solicitó. Tampoco pidieron formalmente la ciudadanía haitiana, a la que Pierrilus tiene derecho.
Aunque podría obtener la ciudadanía haitiana, sus abogados han argumentado que actualmente no es ciudadano haitiano, nunca ha vivido allí y no debería ser deportado a un país con tanta inestabilidad política.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo en una breve declaración general a The Associated Press que cada país tiene la obligación, según el derecho internacional, de aceptar el regreso de sus ciudadanos que no son elegibles para permanecer en Estados Unidos o algún otro país. Una portavoz del ICE dijo que no se podía proporcionar más información sobre el caso de Pierrilus, incluyendo qué pruebas tiene el gobierno estadounidense de que es un presunto ciudadano haitiano y por qué transcurrieron 13 años antes de que fuera deportado súbitamente.
En 2005, la Junta de Apelaciones de Inmigración desestimó una apelación de los abogados anteriores de Pierrilus para detener su deportación, y dijo que “no es necesario que el demandado sea ciudadano de Haití para que ese país sea nombrado como su país de expulsión”. Decker, su abogada actual, no concuerda con ese hallazgo.
Pierrilus mencionó que mientras lo deportaban dijo a los oficiales de inmigración: “No iré a ningún lado. No soy del lugar a donde están tratando de enviarme”.
Subyugado y esposado, admitió que dejó de resistirse. Cuando abordó el vuelo, recordó que las mujeres gritaban y los niños lloraban. Pierrilus no sabía cuándo ni si volvería a ver a su familia y amigos.
Tras ser procesado en el aeropuerto, alguien le prestó a Pierrilus un teléfono celular para que pudiera llamar a sus padres. Le dieron el contacto de un amigo de la familia donde podía quedarse temporalmente. Desde entonces, la violencia de las pandillas lo ha obligado a mudarse a otras dos casas.
Las pandillas que se combaten entre sí han ampliado su control de la capital haitiana a aproximadamente el 60% desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021. Saquean barrios, violan a mujeres y le disparan a civiles.
La ONU advirtió en enero que los haitianos están sufriendo su peor emergencia humanitaria en décadas. El año pasado se denunciaron más de 1.350 secuestros, más del doble que el año anterior. Los asesinatos aumentaron un 35%, con más de 2.100 denunciados.
Pierrilus dice que vio a un hombre que conducía por su vecindario ser baleado en la cara cuando los proyectiles destrozaron las ventanas de su auto y lo agujerearon.
“¿Puedes creerlo? Este tipo está dando vueltas tratando de huir del área. No sé qué le pasó al hombre”, dijo.
A consecuencia de ello, rara vez sale, y confía en su fe para mantener la esperanza. Dice que dejó de ir a la iglesia después de ver una ceremonia transmitida en vivo en abril de 2021 en la que las pandillas irrumpieron en el templo y secuestraron a un pastor y tres feligreses.
Pierrilus habla con sus padres al menos una vez a la semana, enfocándose en el progreso de su caso más que en los desafíos que encuentra en Haití.
Dudó en compartir sus primeras impresiones sobre la tierra natal de sus padres al aterrizar en el país caribeño hace dos años.
“Tenía sentimientos encontrados”, señaló. “Quería ver cómo era en mi época, no en estas circunstancias”.
