BOGOTÁ (AP) — Una población mayoritariamente indígena del suroeste de Colombia se ha convertido en el centro de operaciones de una facción de las disidencias de las FARC que la usan como lugar de entrenamiento de niños reclutados forzosamente, alertó el jueves la Defensoría del Pueblo.
PUBLICIDAD
De acuerdo con el organismo algunos menores han fallecido en combates, aunque no detalló el número.
PUBLICIDAD
La situación se registra en Toribío, un municipio de unos 37.000 habitantes ubicado en el convulso departamento de Cauca donde el poder del grupo armado “Columna Móvil Dagoberto Ramos” ha llegado al punto de mantener el control territorial mediante la violencia y suplantar paulatinamente al Estado, señaló la Defensoría en un informe.
Las disidencias son grupos armados que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Actualmente existen múltiples facciones, algunas enfrentadas entre sí y otras aliadas.
Toribío es un territorio históricamente golpeado por el conflicto armado. Por ser de difícil acceso es estratégico para el tránsito de actores ilegales y uno de los principales productores de marihuana en el Cauca. De acuerdo con la Defensoría, la “Columna Móvil Dagoberto Ramos” maneja la ruta de la marihuana que conforman ese y sus municipios aledaños Corinto y Miranda.
En la zona también tiene presencia ocasional el Ejército de Liberación Nacional, considerada la última guerrilla activa en Colombia, y amenazan a la población el cártel Clan del Golfo y otra disidencia de las FARC autodenominada “Segunda Marquetalia”.
Los menores de edad son usados para cumplir labores que van desde vigilar la zona, llevar mensajes, cobrar extorsiones, transportar sustancias psicoactivas hasta el sicariato y la explotación sexual, advirtió la Defensoría.
“Dentro de los múltiples factores que agudizan la problemática del reclutamiento forzado se encuentran falsas ideas transmitidas por el actor armado ilegal, según la cual pueden proveerles un ‘entorno protector’, o darles estatus o poder dentro de sus comunidades”, explicó la entidad que vela por los derechos humanos.
Para reclutarlos forzosamente se usarían redes sociales o engaños con relaciones sentimentales y objetos de lujo como celulares o vestimenta. Además, los menores ya reclutados intentarían influir en otros aprovechando su edad y confianza con la comunidad.
Uno de los últimos casos ocurrió, según la Defensoría, el 1 de febrero cuando la disidencia de las FARC presuntamente ordenó reclutar a menores de la zona rural ofreciendo unos 100 dólares por cada niño. También se alertó de un presunto plan para reclutar en instituciones educativas, sin embargo, las autoridades indígenas de Toribío evitaron el reclutamiento, lo que las puso en mayor riesgo de amenaza.
Según cifras de la Personería Municipal de Toribío, en 2022 se reportaron ocho casos de reclutamiento forzado y nueve no se lograron consumar. En comparación, en 2021 fueron reportados cuatro casos en los que los menores fueron reclutados y 21 intentos.
