CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Dos empresas mineras que operaban en Guatemala anunciaron el cese de todas sus operaciones industriales temporalmente a partir de esta semana, luego de ser sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en noviembre de 2022 señaladas por presuntamente sobornar a funcionarios y oficiales del país centroamericano.
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La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (ProNico) anunciaron en un comunicado de prensa la noche del martes su cese temporal y la terminación, de mutuo acuerdo, de los contratos laborales con más de 600 empleados, mientras intentan revertir las sanciones estadounidenses.
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Las dos empresas son subsidiarias de Solway Investment Group, una empresa que, según Estados Unidos, es de capital ruso y ha explotado minas guatemaltecas en la zona del departamento de Izabal, al norte de país, desde 2011. Solway ha refutado que tenga relación comercial con rusa.
La sanción de Estados Unidos incluyó a una tercera minera, Mayaníquel, que operaba en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, y que también anunció la suspensión de su trabajo en diciembre de 2022.
Las dos mineras que confirmaron su cierre el martes dijeron que quedará un reducido número de personal que trabajará para garantizar el control efectivo de los riesgos ambientales, la seguridad y la conservación de la infraestructura existente.
"Desde finales del año pasado, en CGN y ProNico hemos enfrentado dificultades imprevistas causadas por las sanciones impuestas por la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos" justificó en su comunicado la minera. Además, habían solicitado una licencia temporal a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estadounidense que les sancionó, una petición que aún no ha sido resuelta.
Las compañías agregaron que “las credenciales de exportación de las compañías no han sido renovadas por el Gobierno de Guatemala” y eso les impide comerciar sus productos de extracción, además añaden que no pueden acceder a sus fondos por el bloqueo bancario de sus cuentas.
En noviembre pasado, Estados Unidos sancionó al ruso Dmitry Kudryakov expresidente de las dos firmas, y a Irina Litviniuk, de origen bielorruso, que estaba a cargo de comunicaciones de la entidad a los que acusó de presuntamente dirigir “múltiples esquemas de sobornos durante varios años, involucrando a políticos, jueces y oficiales del gobierno”.
“Litviniuk realizó actos de corrupción, fomentando el tráfico de influencias ruso al dar pagos en efectivo ilegalmente a oficiales públicos a cambio de apoyar los intereses mineros rusos”, se pronunció entonces el Departamento del Tesoro estadounidense.
Tras los señalamientos, Kudryakov y Litviniuk salieron de Guatemala rumbo a Panamá. Posteriormente, Guatemala anunció que les retiraba la residencia permanente que les había concedido.
La sanción se hizo bajo la Ley Global Magnitsky que persigue a quienes cometen serias violaciones a los derechos humanos y corrupción alrededor del mundo. Como consecuencia, todas las propiedades e intereses de los sancionados que estén en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportadas a Oficina de Control de Activos.
Las mineras en Guatemala cuentan con el apoyo del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, que declaró en años pasados varios estados de sitio en el municipio de El Estor en Izabal, donde operan CGN y ProNico, para aplacar manifestaciones de las comunidades contra la explotación minera en esa zona. El gobierno envió policías y militares para que garanticen que éstas puedan seguir funcionando.
El Estor es un municipio de poco más de 70.000 habitantes ubicado frente al Lago de Izabal -en el norte de Guatemala-, una zona muy pobre con conflictos recurrentes, que han dejado varios fallecidos, debido a la operación de las minas.
