MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
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En un comunicado, el Gobierno venezolano ha adjuntado información que considera suficiente para "probar que el proceso iniciado en su contra ante la corte en 2018 es una estrategia para propiciar un cambio de régimen impulsada por el Gobierno de Estados Unidos".
Así, ha calificado el caso de "agresión mediática" por estar cargado de "falacias" y cuestiones geopolíticas. Además, ha insistido en que el sistema judicial venezolano se encuentra "activo permanentemente para garantizar justicia".
El texto señala que "como prueba de la naturaleza política del proceso, se destacó, por ejemplo, el caso de un ciudadano venezolano presentado por la Fiscalía del TPI como una 'víctima' de 'tortura' y 'persecución', pero que al ser entrevistado por las autoridades nacionales competentes, negó expresamente haber sufrido vulneraciones a su derecho a la integridad personal".
"Dicho ciudadano fue designado en 2019 por la Asamblea Nacional para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales", recoge el documento, que denuncia "las diversas irregularidades cometidas por la Fiscalía en el marco del proceso".
Las autoridades han explicado que esto incluye la "indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados de la Fiscalía del TPI con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra el Gobierno".
