BOGOTÁ (AP) — Miles de personas se volcaron a las calles de Colombia en días recientes para manifestarse en contra o a favor de un paquete de reformas que el gobierno de Gustavo Petro -primer presidente de izquierda- impulsará para modificar los sistemas de salud, de pensiones y laboral.
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Las manifestaciones se registraron antes de que el Congreso empezara a debatir la reforma a la salud y cuando el gobierno aún no ha presentado las demás reformas formalmente. Sin embargo, Petro ha incentivado al “pueblo” a defenderlas ante el amplio debate que se avecina en la opinión pública y en el Congreso donde, aunque el gobierno tiene la mayoría, hay voces críticas incluso entre sus aliados.
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The Associated Press explica en qué consiste cada una de las reformas sociales:
¿CÓMO SERÍA LA REFORMA DE SALUD?
El gobierno pretende modificar profundamente el sistema de salud que rige en Colombia desde hace 29 años para convertirlo en uno con menos intermediación de privados y en el que el Estado tenga un mayor control del dinero y del servicio.
Actualmente, quienes tienen un trabajo formal contribuyen, junto con el empleador, con el 12,5 % de su salario al sistema de seguridad social. Ese dinero va a un fondo que financia la salud de los que pagan y de los que no, a quienes se les subsidia, logrando una cobertura de más del 90% de la población, según cifras oficiales.
Después, el fondo gira recursos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que suelen ser privadas, para que ellas contraten la red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, es decir, las clínicas u hospitales.
El gobierno de Petro considera que el actual sistema no es equitativo, porque al menos 600 municipios carecen de puestos de salud en su zona rural, mientras que en las grandes ciudades hay clínicas de alto nivel.
La reforma propone que el dinero ya no sea girado a las EPS, sino que el fondo lo haga directamente a los hospitales que prestan los servicios para eliminar la intermediación. Los recursos pasarían a ser de manejo público. Las EPS estarían vigentes durante la transición -cuyo plazo está por definir- y luego podrían continuar en el nuevo modelo, pero prestando servicios médicos, no administrándolos. El gremio advierte de que la reforma terminaría por destruirlas.
En cambio, se crearían los Centros de Atención Primaria, con la función de atender en servicios básicos a 25.000 personas en promedio, según el lugar de vivienda. En caso de ser necesario, estos centros remitirían al paciente a un hospital que atienda situaciones de mayor complejidad. El gobierno también busca que los médicos hagan consultas de prevención a domicilio, especialmente en las zonas rurales.
Los críticos de la reforma han cuestionado la viabilidad financiera de desplegar un nuevo sistema que cubra todo el territorio y el gobierno ha respondido que el dinero saldrá de fuentes existentes.
En un intento por lograr mayor apoyo en el Congreso, Petro se reunió el lunes con los partidos afines a su gobierno -que suman la mayoría parlamentaria- y acordaron que el presidente recibirá sus propuestas para los artículos que consideren deben ser modificados, aclarando que hay puntos en los que coinciden como el de privilegiar la atención primaria y aumentar la presencia en territorios alejados.
¿QUÉ CAMBIOS PROPONE AL SISTEMA LABORAL?
Aunque la propuesta para reformar el sistema laboral aún está en construcción, el gobierno considera que la actual estructura productiva no brinda suficientes oportunidades de trabajo y cuando lo hace son empleos de baja calidad. Petro ha hablado sobre la modificación de la jornada laboral para que “el día termine a las seis de la tarde”.
La jornada diurna actual va desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche y, solo en adelante, se considera horario nocturno. Este cambio acarrearía a las empresas pagar más horas extras, lo mismo si el sábado deja de ser un día laboral y los recargos dominicales aumentan.
“La propuesta teóricamente es bien intencionada, pero no mide el impacto y los efectos que en la economía pueda tener la misma”, indicó a AP Jorge Manrique, profesor del departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado. Si a los empresarios se les “pone un régimen laboral más pesado, se podría producir el efecto contrario al perseguido: en vez de proteger al empleado, puede desincentivar la contratación por parte de los pequeños empresarios”, apunta.
El gobierno también ha planteado modificar las modalidades de contratación para que sea priorizada lo que está a término indefinido y no los contratos que se firman por un tiempo determinado para desarrollar labores específicas como obras civiles o cosechas.
Además se ha propuesto formalizar a la mayoría de los trabajadores del sector público que suelen tener contratos por prestación de servicios, una modalidad en la que el empleador no les garantiza vacaciones o aportes al sistema de Seguridad Social y pueden durar solo unos meses.
¿CÓMO SE MODIFICA EL SISTEMA DE PENSIONES?
En su plan de gobierno, Petro se ha propuesto adelantar una reforma al sistema de pensiones para dar una renta básica de medio salario mínimo (100 dólares) a quienes no alcanzaron a tener una pensión y, para ello, requiere que una gran cantidad de los aportes de los trabajadores vayan a la estatal Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
El sistema de pensiones vigente está dividido en dos regímenes: el estatal y el de ahorro individual, que es administrado por fondos privados. Los trabajadores pueden elegir a cuál destinan sus aportaciones. En el público, el dinero va a un fondo común y luego es repartido entre los jubilados del sistema público.
Sin embargo, el estado debe subsidiar una gran parte de la pensión, siempre y cuando el trabajador haya aportado por 1.300 semanas y, en el caso de las mujeres, tenga 57 años, o 62 años, en el de los hombres. En el fondo privado, en cambio, las personas tienen una cuenta de ahorro individual y al aportar 1.150 semanas pueden jubilarse, pero no reciben subsidio del Estado por lo que las pensiones suelen ser más bajas.
Con el nuevo sistema, el gobierno pretende que quienes tengan ingresos de hasta cuatro salarios mínimos estén obligados a cotizar en Colpensiones -el fondo común- y solo quienes reciban ingresos adicionales a ese monto podrían hacer aportes a los fondos privados de pensiones, que con la eventual reforma quedarían bastante disminuidos.
