QUITO (AP) — El gobierno declaró el jueves la emergencia por fuerza mayor en el sector petrolero, un día después de que se suspendiera el bombeo por los principales oleoductos del país afectados por el derrumbe de un puente a causa de la erosión regresiva del río Coca.
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La medida que consta en los contratos petroleros evita sanciones al Estado por eventuales incumplimientos en las operaciones de exploración, explotación y transporte de crudo, informó el Ministerio de Energía y Minas en un comunicado.
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La caída del puente sobre el río Marker, ocurrida la víspera en la provincia amazónica de Napo, obligó a suspender el bombeo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), de administración estatal, así como del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), en manos privadas. También tiene un poliducto que transporta combustible. Ambas tuberías conducen el petróleo desde los principales yacimientos de la Amazonía ecuatoriana hasta los terminales marítimos en el océano Pacífico para su exportación.
El Ministerio de Energía aclaró que la suspensión de operaciones constituye una medida “preventiva” para evitar afectaciones ambientales en la zona, ante un posible colapso de la infraestructura hidrocarburífera.
La estatal Petroecuador deberá elaborar un informe sobre el impacto económico que implica la medida.
Un equipo técnico ejecuta labores de contención para preservar las fuentes de agua ante una posible ruptura de las tuberías.
El SOTE tiene 497 kilómetros de extensión, mientras el OCP 485 kilómetros, con una tubería enterrada, cuya capacidad de transporte es de 450.000 barriles por día. Los dos conductos paralizados movilizan la mayor parte de la producción nacional: el SOTE, 275.000 barriles de petróleo y el OCP, 110.000.
El río Coca registra un proceso de erosión natural regresiva que inició en 2020 y que ha provocado desprendimientos de tierra en sus márgenes y hundimientos. Este fenómeno ha causado destrucción de carreteras, puentes y perjuicios a los ductos petroleros y centrales de captación de agua, así como a las comunidades aledañas.
La última declaratoria de emergencia por “fuerza mayor” en el sector petrolífero ocurrió en diciembre de 2021, con la suspensión de las exportaciones de petróleo, debido a una paralización de la producción que duró 20 días, mientras se realizaban variantes en el recorrido de las tuberías del SOTE y el OCP, afectadas por los deslizamientos de tierra. Las pérdidas ascendieron a 600 millones de dólares.
Se estudian nuevos trazados para los oleoductos ante una erosión que se acelera con los efectos de las lluvias.
