MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
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El Gobierno de Colombia ha criticado este jueves al Ejecutivo de Nicaragua por las recientes medidas llevadas a cabo por el presidente Daniel Ortega, que incluyen la privación de nacionalidad de más de 300 nicaragüenses.
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"Colombia ha registrado con repulsión las medidas tomadas de manera arbitraria por el jefe de gobierno de la hermana y sufrida República de Nicaragua contra ciudadanos de su país cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los Derechos Humanos universales", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores colombiano.
En este sentido, las autoridades colombianas han hecho un llamamiento "al mundo entero" para "que reaccione". "Por lo pronto pedimos a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja que solicite autorización para visitar a los que siguen detenidos. Víctimas son. El Derecho Internacional humanitario los cobija", ha manifestado la cartera ministerial.
"Colombia, que en las últimas décadas ha luchado sin desmayo por alcanzar la paz, mucho más ahora que se propone ser potencia mundial de la vida, rechaza los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza que el sandinismo logró superar", continúa la misiva.
Así, Bogotá ha subrayado que "el autoritarismo que se ha impuesto en la hermana república ha infringido normas 'ius cogens'", normas imperativas de Derecho Internacional, aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional; de tal forma que estas violaciones deben ser investigadas por el Tribunal Penal Internacional, según el Ejecutivo colombiano.
Por último, el Ministerio de Exteriores ha indicado que "busca entrar en contacto con quienes habiendo sido abusados por el poder intolerante de Nicaragua, quisieran acceder a la nacionalidad colombiana". "Mucho nos honrarían", ha agregado.
Durante las últimas semanas, el Gobierno de Daniel Ortega ha retirado la nacionalidad de más de 300 nicaragüenses, incluidos periodistas, activistas, políticos, religiosos o defensores de Derechos Humanos. A 222 de ellos les deportó a Estados Unidos, mientras que condenó a 26 años de cárcel al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, un día después de negarse a abordar un avión que le trasladase a territorio estadounidense.
