MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Tras la deportación a Estados Unidos de más de 220 presos políticos, la Asamblea Nacional de Nicaragua reformó la Constitución para avalar la retirada de la ciudadanía de los "traidores" a la patria, lo que se tradujo días después en castigos contra casi cien disidentes más.
Para ACNUR, estas reformas contravienen las "obligaciones" que ha asumido el propio país centroamericano. El Derecho Internacional, recuerda, prohíbe expresamente estos castigos por razones arbitrarias, entre ellas las que guardan relación con motivaciones políticas.
"El ejercicio de las libertades fundamentales, entre ellas la libertad de expresión, la libertad de reunión u otros derechos asociados con las posiciones políticas de una persona, no pueden justificar nunca la retirada de la nacionalidad", reza un comunicado de la agencia internacional.