MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
"Condenamos esta acción del Gobierno de Nicaragua e instamos a la liberación inmediata del obispo Álvarez", ha señalado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, antes de reiterar el llamamiento de la Administración Biden a "la liberación de las personas encarceladas en Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales".
Price ha indicado que las autoridades estadounidenses continúan "pidiendo al Gobierno nicaragüense que libere a quienes están retenidos por no hacer otra cosa que ejercer el derecho que es tan universal para ellos como para las personas de todo el mundo".
La Justicia de Nicaragua condenó este viernes a 26 años de cárcel al obispo Álvarez, perdiendo su nacionalidad tras haber sido declarado "traidor de la patria", todo ello un día después de que 222 personas fueran deportadas de Nicaragua en un avión rumbo a Estados Unidos, dentro de una medida inédita, ya que habían sido acusadas de incitar supuestamente a la violencia y el terrorismo, así como de perpetrar acciones de "desestabilización económica".
"Cuando hablamos a finales de la semana pasada sobre la llegada de 222 ex presos políticos de Nicaragua a Estados Unidos, dejamos muy claro que era un paso bienvenido, que era un paso constructivo, pero que de ninguna manera era una panacea para las muchas preocupaciones que tenemos con el régimen nicaragüense, incluida la represión y la opresión que sigue ejerciendo contra su propio pueblo", ha explicado el portavoz del Departamento de Estado.
"Con los 222 presos políticos que fueron liberados la semana pasada y a los que se permitió viajar a Estados Unidos, aún quedan muchos más presos políticos que permanecen en prisión", ha lamentado Price.
Álvarez es miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y en el país es reconocido por su labor en defensa de los Derechos Humanos frente a la opresión sadinista. De hecho, en 2022 se convirtió en el primer obispo de la Iglesia católica en ser arrestado desde que Ortega se hizo con el poder en 2007.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, tildó anteriormente a la Iglesia de "dictadura perfecta" y de "usar" a sus obispos para "dar un golpe de Estado" en el país centroamericano, asegurando que algunos sacerdotes hacían llamamientos al derramamiento de sangre durante la ola de protestas de 2018, que se saldó con la muerte de más de 300 personas.
