MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
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"El marco legislativo español tiene graves carencias en los procesos administrativos que pueden acabar con la separación del niño o niña de su familia", ha precisado la Plataforma de Infancia.
Una de las causas que llevan a esta situación, según advierten las ONG de infancia, es la inexistencia de obligación de una resolución administrativa de declaración del riesgo como garantía mínima en un procedimiento administrativo.
A esto se suma, según indican, la falta de instrumentos técnicos que permitan hacer una valoración del riesgo en cada caso; la falta de asistencia jurídica a las familias y a los niños y niñas; o la falta de plazos que impidan que los procedimientos se extiendan sin límite, "lo que provoca demoras inadmisibles en los procesos de tutela por el Estado", según denuncian.
Ante esta falta de garantías, en 2018 el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas instó a España a velar por el control judicial de las retiradas de tutela.
Por ello, la Plataforma de Infancia ha enviado al Gobierno sus preocupaciones y propuestas para poder reforzar las garantías de estos procedimientos a través de la tramitación de la Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, que se encuentra ahora en trámite de audiencia pública.
"Creemos que es una oportunidad única para garantizar que los niños y niñas y sus familias puedan ser escuchados, y para que se protejan sus derechos ante una cuestión de tanta trascendencia como es la separación de un niño o niña de su familia", ha indicado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.
Las propuestas de la Plataforma de Infancia incluyen medidas dirigidas a reforzar las garantías como la formalización del riesgo mediante resolución administrativa o la garantía de la asistencia letrada. La organización ya transmitió estas recomendaciones al Gobierno en el procedimiento de tramitación de la Ley Orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), pero no fueron incorporadas a dicha ley.
Las organizaciones de infancia, además, señalan que España no cuenta con medidas suficientes para apoyar a las familias y prevenir las separaciones innecesarias y evitables y "continúa poniendo el foco en la separación del niño o la niña y no en la prevención", y piden que los esfuerzos de los servicios sociales se centren en apoyar a las familias para que estas puedan ejercer la crianza.
En este sentido, consideran fundamental destinar los medios económicos y sociales necesarios para dar respuesta a problemas como la falta apoyos económicos a las familias para la crianza, las dificultades en la conciliación, las dificultades de acceso a las escuelas de 0 a 3 años o la falta de formación de las familias en parentalidad positiva.
"Tal y como reconocen todos los estándares internacionales así como la legislación española, los niños y niñas tienen derecho a vivir en familia y el Estado debe adoptar políticas públicas eficaces para garantizarlo, siempre que el interés superior de ese niño o niña no justifique una separación", ha añadido Ibarra.
Esta semana se ha conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a indemnizar con 150.000 euros a una madre y sus hijas por los daños ocasionados a raíz de una retirada de tutela injustificada.
La afectada, de origen búlgaro, llegó a España hace más de 20 años y fue madre soltera de dos niñas mellizas nacidas en Madrid en el año 2003. En septiembre de 2015, solicitó la ayuda de los servicios sociales de Ávila, donde trabajaba y vivía con sus hijas, a fin de participar en un programa de intervención familiar que la ayudara a establecer con ellas, entonces de 12 años, una relación de parentalidad positiva, según la información de Fundación Raíces recogida por Europa Press.
Durante meses el programa, consistente en recibir apoyo de una orientadora familiar que visitaba a la familia en su domicilio, se desarrolló con total normalidad, hasta que, una noche a finales de enero de 2016, se produjo una discusión entre la madre y una de las preadolescentes por causa del uso del teléfono móvil, que terminó en un forcejeo por el dispositivo.
Las dos hermanas, por indicación de su madre, relataron este incidente en una de las sesiones que las niñas mantenían a solas con la persona de servicios sociales que intervenía semanalmente con la familia.
Tras esta narración, sin ninguna intervención más, el programa de intervención familiar quedó interrumpido, hasta que tres meses después, el 12 de abril de 2016, sin previa notificación ni información al respecto, trabajadores sociales de la Consejería, auxiliados por agentes de la Guardia Civil, se personaron en el domicilio familiar y en el mismo acto notificaron la resolución administrativa de la declaración de desamparo de las niñas y se las llevaron, en contra de su voluntad, a un centro residencial de menores a 80 kilómetros aproximadamente de su domicilio.
Según la sentencia del TSJ, esta decisión de la Consejería se tomó sin que conste "ninguna audiencia con la madre, ni se la pidió aclaración o explicación, ni tan siquiera se explicó nada a las menores". Añade el fallo que "lo oportuno hubiera sido volver a reunirse con la madre, valorar tras su explicación lo que había pasado y tomar las decisiones oportunas con un mayor refuerzo de la intervención familiar o valorar el interés prioritario de las menores; no obstante, esta audiencia no tuvo lugar en ningún momento, ni una explicación a las menores de lo que podía llegar a ocurrir".
El TSJCyL aprecia "una actuación precipitada y desproporcionada de la Administración" y recuerda que los "Programas de Intervención Familiar son programas específicos de apoyo a familias cuyo objetivo es preservar la integridad de la familia evitando una separación de ella de los niños" y que conforme a la ley "las niñas de 12 años, tendrían que haber sido escuchadas previa explicación de lo que podría ocurrir, teniendo en cuenta que es muy traumático separar a dos niñas de su madre".
IMPOTENCIA, "SIN VOZ NI VOTO"
La madre de las dos menores lamenta que la experiencia vivida como la más dolorosa de su existencia. "Es la impotencia de verte arrollado por un sistema poderoso que funciona contra ti, que no eres nadie, ha sido como David contra Goliat, darte cuenta de que por mucho que luches estás perdido. Todos me avisaron de que de ahí no salía nadie, porque es la Administración Pública, yo pensaba que estaba ahí para ayudar a las personas vulnerables, ¿es su función no?, pues no fue así".
Una de sus hijas, por su parte, advierte de que la gente no es consciente del impacto que supone separar e internar a un menor en un centro, algo que no ha dudado en calificar como un auténtico "secuestro".
"No creo que haya otro término para lo que hacen, te arrancan de un ambiente conocido y seguro, como es la familia y la escuela, y te llevan a un ambiente hostil y desconocido, haciéndote sentir inseguro y vulnerable y todo esto lo que genera es un estrés inmenso, miedo y un enorme desconcierto, pues en ningún momento nos explicaron qué es lo que estaba ocurriendo".
En opinión de su otra hermana, el trato que recibe un menor en un centro "no se aleja del trato que puede recibir el ganado en una ganadería, al fin y al cabo eres el trabajo del personal del centro, y te acabas sintiendo como un número más, como la propiedad de la administración, sin voz ni voto".
