MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
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Con 102 votos a favor y ocho abstenciones, el Parlamento andino ha aprobado el informe final que recomienda formular una denuncia constitucional por la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas que no cumplían "los estándares requeridos" para diagnosticar con certeza el coronavirus, ha informado la emisora RPP.
Como resultado de la votación, el caso será llevado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) donde, de ser encontrado responsable, se les podría imponer una sanción máxima de inhabilitación de hasta diez años para el ejercicio de la función pública.
El exmandatario peruano Martín Vizcarra, así como la exministra de Salud Elizabeth Hinostroza y la exministra de Economía María Antonieta Alva, se habrían reunido con representantes del sector salud y empresas privadas a fin de "concertar la adquisición de pruebas serológicas", contrario a las políticas de salud entonces vigentes que no recomendaban el uso de este tipo de pruebas para detectar la COVID-19.
El informe aprobado por el Congreso señala que Vizcarra y las exministras sabían que las pruebas serológicas "no cumplían los estándares requeridos", según ha informado la citada emisora.
VIZCARRA ASEGURA QUE EL TIEMPO LE DARÁ LA RAZÓN
Tras conocer la decisión del Parlamento andino, el expresidente Martín Vizcarra ha señalado que "el tiempo y la justicia" le dará la razón, según ha relatado en un mensaje en la red social Twitter.
"Un Congreso con el 90 por ciento de rechazo, que no escucha el clamor de la población para adelantar las elecciones, solo se preocupa en continuar su venganza política. Como ya está pasando en otros casos, el tiempo y la justicia me dará la razón, porque he actuado poniendo al Perú Primero", ha afirmado.
