El abogado de un reo que fue ejecutado esta semana ha pedido una investigación y acusó a las autoridades de Missouri de seguir adelante con la inyección letal pese a que aún no se resolvían las apelaciones a cortes federales.
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Raheem Taylor, de 58 años, fue ejecutado el martes por la noche por la muerte de su novia y los tres hijos de la mujer, crímenes ocurridos en 2004 en los suburbios de San Luis. Taylor aseguró que se encontraba fuera del estado cuando la familia fue asesinada. Los detectives no negaron que Taylor estaba en California al momento en que se hallaron los cadáveres, pero un médico forense determinó que las víctimas habían muerto hasta tres semanas antes —en un momento en que Taylor estaba en Missouri.
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El reclamo de inocencia fue rechazado repetidamente en los días previos a la ejecución. El fiscal del condado San Luis, Wesley Bell, un demócrata, se negó a pedir una nueva audiencia a un juez, afirmando que “los hechos no están ahí para respaldar un caso creíble de inocencia”.
El gobernador republicano Mike Parson negó el indulto y dijo que la evidencia mostraba que “Taylor cometió estas atrocidades y un jurado lo declaró culpable”. La Corte Suprema de Missouri se negó a conceder una suspensión el lunes y la Corte Suprema de Estados Unidos hizo lo mismo unas dos horas antes de la ejecución.
Si bien se habían agotado las apelaciones sobre las afirmaciones de inocencia de Taylor, los abogados de Taylor pidieron una suspensión a una corte federal de apelaciones y a la Corte Suprema de Estados Unidos porque al asesor espiritual de Taylor, Anthony Shahid, no se le permitió estar en la sala de ejecución.
Una decisión de la Corte Suprema del año pasado permite a los reclusos tener asesores espirituales cerca de ellos en las ejecuciones.