MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Así, los magistrados han rechazado por unanimidad el recurso presentado y han señalado que "la mayor normativa del Derecho Constitucional británico implica que el Parlamento, o más precisamente el Parlamento y la Corona, son soberanos y que la legislación aprobada por los diputadas es suprema".
La corte ha expresado así su claro mensaje en relación con la disputa sobre este protocolo, establecido para que Irlanda del Norte pudiese seguir dentro del mercado común europeo, a costa de instaurar controles en el comercio con el resto de los territorios británicos. El Gobierno de Reino Unido ha amenazado en varias ocasiones con impugnar los acuerdos si no hay nuevas concesiones por parte de la UE.
Tras conocerse la decisión del tribunal, el líder del Partido Unionista Democrático (DUP), Jeffrey Donaldson, ha destacado que el caso pone de manifiesto por qué los unionistas se oponen a estos acuerdos comerciales, según informaciones de la cadena de televisión BBC.
"Una solución al protocolo nunca se va a hallar en los juzgados, pero este caso ha servido para demostrar los motivos por los que los unionistas lo rechazamos", ha puntualizado antes de instar al Gobierno a tener en consideración la decisión judicial para "tomar sus propios pasos y reemplazar el protocolo con acuerdos que los unionistas puedan apoyar".
En este sentido, ha alertado de que "no habrá base sólida para el establecimiento de un Parlamento y un Ejecutivo hasta que el protocolo sea reemplazado e Irlanda del Norte vea restaurado su lugar en el mercado interno británico".
Sin embargo, el portavoz del Sinn Féin para el Brexit, Declan Kearney, ha calificado el aval como "necesario" y ha recalcado que el protocolo es "imperfecto pero necesario". "Ahora que se ha confirmado su legalidad es el momento de seguir adelante a nivel político y garantizar que el acuerdo entre el Gobierno británico y la Unión Europea sale adelante de forma pragmática con soluciones duraderas que sirvan para todos".
A él se han sumado el Partido Laborista y los socialdemócratas, que hablan de "claridad" sobre la legalidad del protocolo.
