MADRID, 7 (EUROPA PRESS
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"Lo que está siendo noticia todavía está lejos de mostrar la realidad de la presencia tan fuerte de la minería ilegal y la gran destrucción del territorio", ha expresado Guajajara quien ha asegurado que la explotación está siendo "infinita".
Guajajara está en Roraima desde el pasado sábado, en el marco del operativo que el Gobierno de Brasil ha puesto en marcha para intentar atajar la crisis humanitaria y sanitaria de la comunidad yanomami, que ha vuelto a copar los medios de comunicación brasileños una vez Jair Bolsonaro salió del Palacio del Planalto.
"Los yanomami no tienen agua para beber, no tienen agua limpia y con quienes hemos hablado allí nos imploran que quieren limpiar ese agua", ha contado Guajajara, enfatizando que "las condiciones sanitarias y de higiene son totalmente precarias".
Asimismo ha denunciado la dificultad de distinguir donde acaban las comunidades en las que viven los pueblos originarios y donde empiezan los asentamientos de quienes se dedican a esta extracción ilegal de oro y otras piedras preciosas, debido al espacio cada vez mayor que estas "villas" han ido comiendo al terreno.
Las declaraciones de la ministra se dan en paralelo a la puesta en marcha esta semana de un plan del Gobierno para expulsar a los 'garimpeiros' (extractores ilegales) de estas tierras. Además del cerco económico, confiscación de recursos y destrucción de instalaciones en las que se sustenta la minería ilegal, las nuevas autoridades han anunciado que invertirán en servicios para estas comunidades.
Entre las promesas del Gobierno está la construcción de un hospital, y de nuevas depuradoras de agua, después de los altos índices de mercurio presente en los ríos como consecuencia de la minería ilegal. Ello ha provocado un aumento de los casos de malaria y de desnutrición, en especial entre los más pequeños.
La tierra de los yanomami, el pueblo indígena más grande de Brasil, representa poco más de diez millones de hectáreas divididas en su mayor parte entre los estados de Amazonas y Roraima y alberga a unos 30.000 personas en 371 comunidades. La región, bajo el estado de emergencia desde el 20 de enero, forma parte de ese 13 por ciento del territorio brasileño que es considerado terreno protegido.
